Por: Rafael Espino
El apoyo a la descentralización tributaria es una asignatura pendiente que sin duda fortalecería las haciendas públicas federal y locales. Por ello es que debe ser uno de los principales temas de la agenda pública.
En efecto, en este caso específico, actualizar la normatividad del impuesto predial podría dotar de cuantiosos recursos a los estados y municipios. Por razones fundamentalmente políticas, esta transformación de las finanzas públicas locales se ha pospuesto ya por un largo tiempo.
Simultáneo a los beneficios de reordenamiento urbano que la modernización de los catastros públicos significaría, la medida mejoraría ostensiblemente la recaudación al mejorar las bases gravables y diseñar un tributo estable, confiable y equitativo.
Desafortunadamente, el impuesto predial en nuestro país no ha evolucionado. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los ingresos por concepto del impuesto predial se mantuvieron constantes en términos reales entre 2012 y 2020. Dichos ingresos promediaron 0.19% de los PIB estatales en 2012 y fue la misma cifra para el 2020. En este período 19 entidades federativas elevaron su recaudación de predial y otras 13 lo redujeron. Querétaro, Ciudad de México y Colima fueron quienes más lo incrementaron con 0.13, 0.08 y 0.04 de cada PIB estatal, respectivamente. En contraste, Quintana Roo, Michoacán y Baja California Sur presentaron las mayores disminuciones con 0.14, 0.08 y 0.05 puntos porcentuales, respectivamente, de sus PIB. Chihuahua lo aumentó en este período ligeramente en un 0.02% de su PIB.
La CDMX fue el principal recaudador de predial con 0.51% de su PIB en 2020. Le siguieron Quintana Roo y Colima con 0.43% y 0.42% de sus propios PIB.
Por lo anterior, resulta imperativo modernizar los registros catastrales tanto en las características y delimitaciones de los inmuebles como en su valor de mercado. Con esta modernización se alcanzarían los siguientes beneficios:
Un ordenamiento de la tenencia de la propiedad y se dotaría a las familias de mayor seguridad jurídica en la posesión y el uso de su patrimonio inmobiliario. Ello representaría de suyo una importante creación de valor y les facilitaría a las familias la realización de otras actividades financieras productivas, tales como mayor acceso al crédito.
Establecería una base gravable para las autoridades locales que les permitiría obtener mayores ingresos tributarios en forma más proporcionada y equitativa. Dado el rápido y desordenado crecimiento de nuestras ciudades, existen zonas de alto valor que no se encuentran apropiadamente gravadas por el impuesto predial. Simultáneamente existen zonas antiguas cuyos valores catastrales no se han actualizado y representan fuentes potenciales muy importantes de recaudación.
En todos los países con finanzas públicas sanas y robustas en el plano local, los impuestos a la propiedad son una fuente muy importante y estable de recaudación. Adicionalmente, actualizar el impuesto predial abona a la equidad tributaria, ya que no sólo se estaría gravando el ingreso corriente sino también la riqueza acumulada.
Otra gran ventaja de mejorar la tributación del predial consiste en el restablecimiento de un vínculo importante entre los ciudadanos y los gobiernos estatales y municipales, que sirve de control para el ejercicio de forma responsable del gasto.
Como en muchos otros temas, debemos propender a despolitizar el establecimiento y cobro del impuesto predial en el país. Formar en los municipios órganos estrictamente técnicos, que se encarguen de la gestión del tributo y de esta forma evitar el que, por razones político-electorales, los gobernantes eviten mantener y mejorar continuamente la administración del impuesto predial. Promover políticas de cumplimiento y evitar exenciones y tratamientos preferenciales.
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