La justicia es uno de los valores más sublimes del ser humano; la aplicación del derecho debe guiar a la justicia. Un mandamiento del decálogo del abogado de Eduardo Couture dice que cuando se encuentren en conflicto el derecho y la justicia, se debe optar por esta última.
Ulpiano definía la justicia como dar a cada quien lo que le corresponde, Platón consideraba que es rectitud, y en la Suma Teológica, santo Tomás de Aquino la resume como la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, esto es dar a cada quien lo suyo.
La justicia es el valor a aplicar, y el derecho la herramienta que se utiliza para tal finalidad. El órgano máximo que tiene tal facultad es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ende, es de suponer que los ministros de la Corte deberían ser no sólo los más capacitados jurídica y axiológicamente, además los ilustres personajes deberían estar revestidos de probidad y rectitud, porque no se puede ejercitar un valor cuando quien tiene la facultad de aplicarlo carece del mismo. Por lo tanto, las resoluciones de la Corte, en respeto a la autonomía del referido poder y lo que representa, no deberían responder a presiones de ningún tipo, mucho menos a rebajarse para emitir un fallo por presiones de otro poder, al contrario, su actuar debe ser siempre en apego a la ley, objetivo, recto y justo.
Dado lo anterior, es lamentable, preocupante y muy criticada en redes sociales y otros medios de comunicación, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al declarar constitucional la consulta pública propuesta por el presidente López Obrador, para que la ciudadanía opine si se debe procesar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, lo que equivale a preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se aplique o no la ley a los expresidentes por actos de corrupción.
Lo grave del asunto es que los ministros de la Corte se prestaron al juego del presidente, ¿cómo es posible que en un Estado de derecho se consulte a la población si se aplica o no la ley? La ley simplemente se impone y hay que obedecerla y aplicarla con todo el rigor a quien la quebranta, sin necesidad de consulta alguna, para eso están los tribunales, para aplicarla incluso por la fuerza, esa es la característica principal de la norma jurídica, que es coercible.
Si los expresidentes violaron las normas jurídicas, que se les procese de inmediato y punto, que se aporten las pruebas fehacientes y se inicien los procedimientos correspondientes, la justicia y la ley no son negociables ni dependen del resultado de consultas públicas, eso es muy peligroso por las consecuencias que puede acarrear.
Las consultas de López Obrador son puro circo, ya lo sabemos, lo realmente preocupante es que los ministros se hayan prestado a ese circo y que con ello se pone en riesgo el Estado de derecho.
