Por: Rafael Espino
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el instrumento del gobierno federal que le permite utilizar y distribuir los recursos públicos disponibles para alcanzar los objetivos políticos, en nuestro caso trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. En el PEF se especifican el monto y destino de los recursos que se estima se requieren para la obtención de los resultados ofrecidos y aceptados por la mayoría de la ciudadanía.
El próximo 8 de septiembre, el presidente de la República junto con el recién nombrado secretario de Hacienda, Lic. Rogelio Ramírez de la O, realizarán la presentación al poder Legislativo del paquete económico en el que se incluirán tanto el PEF, como los Criterios Generales de Política Económica y la Ley de Ingresos de la Federación. Este paquete permite estimar los ingresos que recaudará el gobierno para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental y lo que se puede adelantar, por lo que se ha expresado públicamente que no se incluirán nuevos impuestos, ya que sólo se realizarán ajustes por inflación sobre los ya existentes.
La decisión de no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes compromete sin duda el logro de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, al reducir el espacio fiscal, lo que se entiende como la disponibilidad de presupuesto para destinar recursos a un propósito deseado, sin afectar la sustentabilidad de la posición financiera del gobierno ni la estabilidad de la economía.
En 2021 los gastos ineludibles (aquellos ya comprometidos por leyes o compromisos con terceros) ascendieron a 5’707,288 mdp y representaron el 90.7% del Gasto Neto Total aprobado para este año. El espacio fiscal del 2021 será del 9.3% del Gasto Neto Total, que equivale a 588,448 mdp (2.4% del PIB) y que se distribuyó sólo 31.5% en inversión (carreteras, turismo, infraestructura hídrica, hospitales, puertos, etc) y el resto, o sea 68.5%, en gasto corriente (nómina de maestros estatal, Guardia Nacional, producción para el bienestar, cárceles, educación media superior y superior, etc).
En 2021, según estudios del Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, los ingresos públicos sólo cubrieron el 97.1% de los gastos ineludibles, dejando fuera algunos programas prioritarios.
Es decir, el espacio fiscal con el que cuenta el Estado mexicano no le permite estructurar acciones para enfrentar los devastadores efectos provocados por la crisis sanitaria todavía vigente del Covid-19. Urge aumentarlo. Las finanzas públicas en 2021 tendrán un déficit de 718,200 mdp equivalentes al 2.9% del PIB.
La transformación debe incluir el atacar frontalmente los grandes rezagos inerciales que tiene el país en sectores prioritarios como educación, salud, seguridad e infraestructura hídrica y esto difícilmente se va a lograr con presupuestos inerciales.
Es tiempo de analizar las distintas alternativas para ampliar el espacio fiscal del gobierno y darle instrumentos que le permitan atender las grandes carencias de los sectores prioritarios. Una de ellas sin duda el urgente análisis de la precariedad y debilidad de nuestro sistema recaudatorio y el esquema tributario general, con fuertes componentes regresivos. No continuar con el “dejar ver y dejar pasar” que pareciera más una característica neoliberal, sino instrumentar una sólida política tributaria que promueva el crecimiento económico, la formalidad, el empleo y apoye estructuralmente a los más desprotegidos.
