Los diputados federales morenistas y aliados dieron el madruguete aprobando un recortado presupuesto federal para 2021 que no responde a la aguda crisis por la que atraviesa el país.

La decisión centralista de apoyar la propuesta del Ejecutivo federal tal y como fue enviada por Hacienda refleja que no se ha avanzado en la relación dependiente de los poderes. Los estados y municipios fueron afectados con una disminución de más de 180 mil millones de pesos, lo cual agravará su precaria situación para continuar enfrentando los efectos adversos de la pandemia.

Chihuahua fue uno de los más perjudicados, ya que de acuerdo con lo informado por el gobernador dejará de percibir casi 5 mil millones de pesos en participaciones federales, a pesar de padecer en este año la conjugación de varias crisis como la sanitaria, la económica, la de seguridad y la sequía.

Lo mismo les sucedió a otras entidades, pues en lugar de aumentarles los recursos se los disminuyeron para destinarlos a los programas sociales y las obras faraónicas del sexenio.

El pacto fiscal federal demostró una vez más que no lo es en realidad, pues a pesar de que la mayoría de los ingresos proceden de los estados se les devuelve una mínima parte, en este caso menor al billón de pesos de un presupuesto de 6.25 billones de pesos.

Lo anterior significa que las entidades recibirán menos de la sexta parte de lo que se gastará el gobierno federal el próximo año, lo cual es claramente inequitativo e injusto.

El afán de concentrar la repartición del gasto público al parecer tiene un claro matiz político y electoral, ya que se pretende que los mexicanos le agradezcan directamente al presidente lo recibido y le reclamen a los alcaldes y los gobernadores la carencia de ayuda material, sobre todo ante la afectación por desastres naturales.

La justificación de estos recortes es la austeridad y evitar las corruptelas de los mandatarios estatales basándose en la actuación corrupta de algunos de ellos en el sexenio pasado como los Duarte y el ahora acusado exgobernador de Nayarit.

El problema es que los ajustes afectan a la población más que a los políticos, pues éstos se aseguran de continuar recibiendo sus acostumbradas asignaciones, como se refleja continuamente en la política presupuestal.

Por lo pronto el estado de Chihuahua se enfrenta a otra crisis más que será la financiera gubernamental, pues para cubrir la falta de partidas federales tendrá la administración estatal que acudir a más préstamos.

La situación es compleja, pues el anterior gobierno de Duarte heredó una deuda de unos 47 mil millones de pesos, por lo que con la reducción de los ingresos federales será más difícil que los bancos accedan a la aprobación de un mayor endeudamiento.

El pataleo que han hecho los gobernadores asociados en la alianza federalista de poco o nada sirvió, pues mientras la mayoría oficial decida sin más el presupuesto anual, no pasarán de protestar y a fin de cuentas acatar la medida.

Tampoco es muy alentador el anuncio de una posible coalición opositora conformada por el PRI, PAN, PRD y MC para enfrentar a Morena, pues en cada entidad continúan prevaleciendo los intereses de las camarillas locales y los arreglos tras bambalinas con quien tiene el poder.

El escenario del próximo año es cada vez menos promisorio, ya que se fortalece el centralismo y el federalismo se desvanece con la política real autoritaria regresando a una época que debería haberse dejado atrás con la transición democrática, la cual les costó bastante a las anteriores generaciones.