El periodo electoral de este año transcurre en un clima inseguro en buena parte del país debido al predominio del crimen organizado y a la ineficiencia gubernamental.
De acuerdo a lo informado por los medios ya son 22 los aspirantes a un cargo público que han sido asesinados en este año, principalmente los que pretendían ocupar una presidencia municipal.
Las víctimas son de distintos partidos, incluido el oficial, pues los criminales no tienen preferencias políticas y eliminan a los que no se pliegan a sus exigencias.
El líder nacional del PRI declaró que 42 candidatos de la coalición opositora a la que pertenece este partido han renunciado debido a las amenazas en su contra.
Más que la habitual beligerancia entre los contendientes políticos predomina la acción violenta de los delincuentes a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las notas rojas les ganan la primicia a las declaraciones de los candidatos presidenciales, además de ser el principal objeto de comentarios y análisis en los medios.
El insólito secuestro de 66 personas integrantes de varias familias en el municipio de Culiacán en una mañana demuestra la impunidad con que actúan las bandas criminales.
El gobernador de Sinaloa al ser entrevistado contestó que eran solo hechos que ocurrían, como si se tratara de algo usual y cotidiano.
El domingo ya habían liberado a 42 rehenes, en su mayoría mujeres y niños, pero continuaban desaparecidos otros 24.
La ingobernabilidad además no se da solo en Guerrero y Sinaloa sino también en otros estados como Campeche, en donde más de mil policías estatales están en huelga.
Los agentes protestan debido a que fueron enviados a sofocar un motín en un penal sin el equipo necesario y además de ser lesionadas algunas mujeres policías sufrieron agresiones sexuales por parte de los reos.
La exigencia de los policías estatales, apoyados por los ciudadanos, es que renuncie la secretaria de seguridad estatal.
La polémica gobernadora Layda Sansores primero los amenazó con despedirlos y luego trató de calmarlos con bonos “para que vayan al cine”, pero se niega a destituir a su ineficaz funcionaria.
En donde también campea la inseguridad es en Veracruz pues en este año han arrojado cuerpos humanos a diestra y siniestra en distintos municipios, como el de Cazones donde aparecieron desmembrados varios cadáveres en plena plaza municipal.
El también cuestionable gobernador de este estado declaró que no había cárteles en Veracruz, pero es obvia la presencia y disputa de cárteles como el de Sinaloa, Jalisco, los Zetas y otros locales.
Los desaparecidos continúan aumentando mientras que la secretaria de Gobernación intenta convencer a los ciudadanos de que han disminuido pues han localizado a unos 20 mil, aunque reconoce que son casi cien mil los que aún no aparecen.
En lugar de atender y apoyar la peligrosa labor de las madres que buscan a sus familiares el gobierno federal evade su responsabilidad como lo ha hecho con los normalistas de Ayotzinapa.
Por cierto el pasado 23 de marzo se cumplieron 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana.
Su hijo del mismo nombre participó en la celebración en Magdalena de Kino donde declaró que “México sigue con hambre y sed de justicia”, como lo hiciera su padre antes de ser asesinado.
En este año electoral el país continúa con la misma demanda pues a pesar de la alternancia partidista no se ha logrado un auténtico estado de derecho que garantice la paz y seguridad de los mexicanos.
