Actualmente México atraviesa por una gran crisis migratoria, la cual se agrava en los municipios que hacen frontera con Estados Unidos como es el caso del municipio de Juárez en nuestro estado, Chihuahua, el abandono por parte del gobierno federal hacia nuestros hermanos migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y África es inadmisible.
Más de 30 mil personas migrantes entran a nuestro país mensualmente, lo que presupone que el Estado mexicano deba implementar políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes durante su paso por nuestro país, sin embargo, las condiciones en las que miles de ellos se encuentran son inhumanas.
Basta con recordar el lamentable suceso ocurrido el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, el incendio que dejó 40 migrantes fallecidos, la negligencia ocurrida esa noche tras no contar siquiera con las llaves para abrir la celda en la que se encontraban encerrados ni con medidas para combatir un suceso de esa naturaleza dejan ver el gran abandono en el que se encuentran las personas migrantes.
Esta problemática es una bomba de tiempo, por qué esperarse a que otra tragedia suceda, es urgente implementar diversas medidas que brinden atención a toda persona migrante que se encuentre en nuestro país, se necesita presupuesto, políticas diversas tales como reformas a nuestro marco jurídico.
Se debe destinar una partida presupuestal para la creación de centros de protección humanitaria, para que las personas migrantes en situación de asilo cuenten con instalaciones dignas y mecanismos de protección interna. Es necesario que se contemplen vías legales para que los migrantes accedan a un trabajo temporal, garantizando las prestaciones de ley contempladas en nuestro marco jurídico.
Se necesita también la profesionalización de los agentes del Instituto Nacional de Migración y de todo aquel que labore en la atención de los migrantes para brindarles un trato humanitario en la que se vele por la protección de los más vulnerables, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y así evitar las múltiples violaciones a los derechos a sus derechos humanos como comúnmente sucede.
Nos sumanos a la exigencia de la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, para que el gobierno federal cumpla con los acuerdos para atender el flujo migratorio que hay en nuestro país y en nuestro estado ya que diariamente llegan 2 mil 500 personas migrantes a la capital del estado.
El gobierno federal, así como el Instituto Nacional de Migración, son quienes cuentan con la facultad para implementar la política migratoria en nuestro país, por lo que es apremiante que atiendan la situación con los recursos y el aparato político y jurídico con el que cuentan.
