Por: José Martínez Frausto (*)
Colaboración
Desde hace bastantes años se ha difundido una cultura de respeto a los derechos humanos, que implique su explicación, promoción y protección por parte de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tal y como lo dispone el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así, la misma Carta Magna tutela entre muchos más, los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la salud, a la educación, a la igualdad ante la ley, a la alimentación, al trabajo, así como a otros de igual importancia. Entre ellos, destaca el derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal que dispone como derecho el de tener una justicia pronta y expedita impartida por tribunales independientes e imparciales.
Pero, ¿qué significa una justicia IMPARCIAL?. Pues sencillamente que los tribunales que la impartan lo hagan conforme la ley, resolviendo los casos sometidos a su decisión conforme los hechos probados, sin que haya recomendaciones, dádivas, cohechos, presiones o influencias. Por ello, los jueces gozan de autonomía e independencia para resolver los asuntos de su competencia, sin más límite que el respeto a la ley. Así deben actuar todos los jueces, locales o federales, incluyendo por consiguiente a los jueces y magistrados de los estados, jueces y magistrados federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Resulta que hace unos días nos enteramos de actos de corrupción perpetrados por el presidente López Obrador y el entonces ministro presidente de la Corte Arturo Saldívar, quien durante su ejercicio al frente de ese alto Tribunal asumió conductas de servilismo hacia el presidente López, a grado tal que este último pretendió reformar la ley para que se extendiera por dos años más la presidencia del ministro Saldívar, no logrando ese propósito cuyo objetivo era tener un mayor control en el Poder Judicial Federal; no obstante que la Constitución establece claramente la división de poderes. Pues bien, hace unos días el presidente López Obrador confesó expresamente, en una de sus conferencias mañaneras, que en ciertos asuntos jurídicos de su interés que tenían a su cargo para resolver algunos jueces federales, le pedía al presidente de la Corte ministro Saldívar que hablara con esos jueces para darles instrucciones y que éste lo hacía. O sea que se presionaba por conducto de algún asistente de Saldívar a los jueces para que resolvieran en favor del gobierno, violando con ello su autonomía e independencia, lo cual constituye corrupción. Después de esa confesión del presidente López, el hoy ex ministro trató de defenderse con explicaciones francamente inaceptables e increíbles. Así lanzó por la borda el prestigio que había ganado como jurista.
Afortunadamente, hoy contamos con una presidenta de la Corte, la Ministra Norma Piña, quien ha resistido los embates del presidente López Obrador para tratar de apoderarse del Poder Judicial Federal, estando apoyada por los ministros que integran dicha Corte, con la excepción de las tres ministras incondicionales de AMLO que son Loreta, Yasmin y Batres.
Obviamente la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum defiende la conducta ilegal y amoral, violatoria de la Constitución, que asumieron recientemente López Obrador y Saldívar.
08 de marzo de 2024
*Expresidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados.
