Dentro de los “Lineamientos Básicos del Proyecto Alternativo de Nación” que sirvieron de fundamento al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se estableció claramente que, combatiendo a la corrupción, se formularía el presupuesto de egresos de la federación en un ejercicio real de transparencia y privilegiando a los pobres. Mencionaban en su numeral tercero los referidos lineamientos como propósitos fundamentales, el que se cuidarían los recursos naturales y la riqueza generada en la nación, así como los frutos del trabajo que se distribuirían con justicia. Innegablemente el combate a la pobreza y a la corrupción han sido los dos grandes ejes de actuación del gobierno federal y el estandarte del Presidente de la República en su larga lucha contra las élites económicas, las que durante décadas y más acuciosamente en el período neoliberal, insaciablemente han pauperizado a las mayorías en beneficio de muy pocos.

En el reciente informe sobre la “Medición multidimensional de la pobreza en México” del Consejo Nacional de Evaluación de la política social (Coneval), la población en estado de pobreza de 2018 a 2020 aumentó del 41.9% al 43.9% del total, lo que significan 3 millones 800 mil personas; y la población en pobreza extrema aumentó del 7% al 8.5%, equivalente a 2 millones 100 mil personas.

El propósito del Coneval, tal y como se indica en el citado reporte, no es otro más que proporcionar a la ciudadanía y a quienes toman decisiones de política pública, un panorama social actualizado de los umbrales para las carencias y la segmentación de la población mexicana en ese contexto.

Cierto que la inusual aparición de la pandemia por el Covid-19 ha generado una recesión y crisis económica inusitadas, provocando muy diversas medidas de todos los gobiernos del mundo. Pero ante este reporte ya casi a la mitad del mandato del actual gobierno, vale la pena analizar, evaluar y cuestionarnos si estamos en el rumbo correcto para alcanzar las metas planteadas y cuya formulación llevó a la Cuarta transformación a pasar de oposición a gobierno.

El próximo presupuesto de egresos de la federación debe, continuando con los apoyos mínimos a la población vulnerable atendida a través de los programas del bienestar, estimular la economía y promover el crecimiento económico a través de fomentar la certidumbre en el ambiente de negocios y el estímulo de la inversión pública y privada.

Es tiempo de privilegiar las erogaciones eficientes y productivas, que abonen a la construcción de un sistema incluyente, que incremente la formalidad y trascienda a las distintas administraciones públicas,

No existe mejor instrumento para este propósito que el propio presupuesto de egresos y una política tributaria progresiva y justa, que garantice a todos los mexicanos, sólo por el hecho de nacer, el acceso a los satisfactores mínimos (mínimo vital), para su adecuado desarrollo (alimentación, salud, educación, vestido y vivienda).

Cierto que se ha ofrecido el no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes, pero si realmente pretendemos tomar un paso decisivo hacia el combate efectivo de la pobreza en México, es imperativo el reformular la distribución de las cargas tributarias y mejorar la eficiencia en el manejo del dinero público.