Por: Rafael Espino
La corrupción en México lastimosamente ha estado presente por mucho tiempo en la agenda pública, siempre acompañada de conductas asociadas como la impunidad, el soborno o el tráfico de influencias.
Los indicadores de la Función Pública actualizados ahora miden aspectos tales como el uso indebido de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito y el conflicto de interés.
En el más reciente índice de percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional, se señala que:
“Este año, el índice de Percepción de la Corrupción dibuja un paisaje sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo. La mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción en casi una década.
Los datos indican que, aunque se han producido ciertos avances, la mayoría de los países continúa sin abordar con eficacia la corrupción en el sector público”.
México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados y continúa siendo el país con la calificación más baja entre los países que integran la OCDE”.
Necesitamos fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas para adoptar en el desempeño general del servicio público una “política de integridad”, como instrumento fundamental para el combate a la corrupción.
El esfuerzo se orienta a atender un espacio hoy inexistente que representa una oportunidad para actualizar la normativa dentro de la que se debe considerar que los entes públicos, iniciando con la propia Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenten con una Política de Integridad.
La Política de Integridad en los entes públicos intenta articular todas las herramientas y documentos asociados en materia de ética, conflicto de interés, uso indebido de recursos públicos y sistema de denuncias.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su Eje “Política y Gobierno” señala que: “… erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso”.
Conforme a dicho eje debemos reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de que los entes públicos cuenten de manera obligatoria con una Política de Integridad. Con la enorme ventaja que la elaboración de una Política de Integridad por ente público no requiere de presupuesto adicional. Ya existen las herramientas e instrumentos para instrumentarla, dispersas en diversos cuerpos normativos que deben articularse en la citada Política de Integridad, también denominada Compilación o “Compliance” (por su término en inglés) y uno de sus objetivos es precisamente contribuir a las buenas prácticas y al buen gobierno dentro de una organización, tal y como lo es la administración pública.
Precisamos cerrar las brechas que hoy admiten actos de corrupción, fundamentalmente aquellos en donde se ven involucrados los servidores públicos y los particulares, que pueden ser en su mayoría los más lesivos, porque se asocian principalmente a procesos de licitación, permisos, concesiones y trámites.
La intención es promover la creación de un ambiente ético en la administración pública y dotar de bases normativas a los órganos de control de la administración pública y a los tribunales jurisdiccionales, para su correcta aplicación y valoración.
