“Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones” -Vargas Llosa -
El pasado martes se conmemoró (para algunos irónicamente) en nuestro país la libertad de expresión, ese derecho fundamental que tenemos las personas y que se posiciona en el terreno de lo necesario, de lo urgente, de lo indispensable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la contempla en sus artículos 6 y 7 y en el entorno internacional es observada en la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 19.
En los tiempos en que la pandemia del Covid tuvo sus mayores consecuencias algunos derechos humanos perdieron un poco su fortaleza, entre ellos ubicamos al de la libertad de expresión; Cuba, Venezuela, Nicaragua, Honduras y México son las naciones de América Latina más afectadas en este rubro en los tiempos más duros de la crisis sanitaria, por ello la gran importancia de redoblar esfuerzos en la búsqueda de que las voces no sean calladas y la tinta no sea detenida, cuando esto pasa estamos golpeando la vida democrática del país.
Uno de los elementos importantes en este tema es el de las condiciones en que el periodista, editorialista, reportero o comunicólogo realiza su labor, de aquí la exigencia hacia el gobierno y las empresas afines a la información para que se proteja siempre este derecho y la integridad de quienes se dedican a ello ya sea como empleo formal que representa la fuente de sustento de su familia y para quienes lo hacen por el placer de informar y compartir sin recibir remuneración alguna, los hay, los habemos.
En tiempos actuales una sociedad que no tiene la información necesaria para formar juicio y realizar una opinión del tema de su interés no puede considerarse plenamente libre; desde luego que existe una limitación implícita en la libertad de expresión y ésta obedece a causas justificadas como lo son no golpear el honor de terceros ni participar en situaciones de carácter íntimo.
La organización “Propuesta cívica”, que preside el analista y académico Sergio Aguayo y que tiene como objetivo, entre otros, capacitar y realizar investigaciones en temas de derechos humanos junto con “Reporteros sin fronteras”, que presentaron en la Cámara de Senadores una serie de iniciativas encaminadas a promover, defender y garantizar el ejercicio propio del trabajo periodístico en nuestro país enfocándose en cuatro áreas de acción: laboral, civil, penal y de protección. A través de un estudio realizado con profundidad se identificaron las pautas legales que colocan en situación de riesgo al periodismo, asimismo, a través de las propuestas se establecen ciertas modificaciones a las leyes para proteger la libertad de prensa.
Algunos compañeros de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua que me honro en presidir ejercen su ejercicio en este noble espacio de El Heraldo de Chihuahua, rotativo que desde hace 18 años me abrió las puertas para compartir con ustedes semanalmente opiniones, acuerdos, desacuerdos, experiencias y propuestas en las cuales podemos estar o no de acuerdo, de eso se trata. Para ti, querido lector, mi agradecimiento. Seguro que sí.
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