La democracia mexicana ha logrado avances significativos en la época moderna, sin embargo existen serios peligros, como el “fortalecimiento” de la delincuencia organizada, la polarización política, la creciente corrupción y la tentación del poder de controlar el máximo órgano electoral.
Durante muchos años, la misma sociedad civil, medios de comunicación, empresarios e intelectuales promovieron la creación de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, ajustar el presupuesto público para los partidos y con ello abrir la participación de la sociedad a la política.
El nuevo modelo político, prácticamente empezó con el nacimiento del régimen de partidos, esto al término de la revolución de 1910. Nuestra nación había sufrido guerras internas y externas que provocó la muerte de millones de mexicanos y además perdimos más de la mitad de nuestro territorio, hoy parte de los Estados Unidos.
Se buscaba impedir que los grandes empresarios o el dinero mal habido, controlarán partidos y de ahí imponer candidatos. Aunque, actualmente la delincuencia se brincó a los propios partidos y “corrompió” el sistema, además de utilizar la violencia como instrumento de control.
A pesar del elevado costo de la democracia, ha habido importantes cambios, como sucedió en Baja California Norte en 1989, posteriormente en Chihuahua en 1983 1986 y 1992, así como en la presidencia de la república en el 2000 y 2018. Hoy en el país tenemos una gran diversidad ideológica y el poder mayoritario está en manos de la izquierda.
Hemos visto el nacimiento de muchas fuerzas políticas, algunas se han convertido en partidos, pero su “muerte” ha sido rápida al no ser aceptados por los ciudadanos, caso como el PARM, PCM,l PDM, el PSUM, PPS, PANAL, Convergencia y el PES, entre otros muchos.
La ley es laxa para conformar un partido, lo que les permite acceder a las prerrogativas y algunas posiciones políticas, es más se han convertido en partidos familiares y comparsa del gobierno del turno.
Es trascendental el papel que juega cada una de las instituciones ciudadanas para el equilibrio del poder, por ejemplo el INE, el propio Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encarga de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral.
Hoy, el grupo en el poder insiste en impulsar una reforma que desarticule el aparato electoral de todo el país, como lo es el Instituto Nacional Electoral y los OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales) o sea regresar al viejo sistema de control presidencialista. Borrar de un plumazo todo los avances democráticos de los últimos 30 años, bajo el argumento de disminuir el gasto público a partidos y organismos.
La estructura electoral en México no avanza al ritmo de las potencias del primer mundo, pero es confiable y ha aguantado las tentaciones de control de la clase gobernante, por ello la importancia de la protección ciudadana a las instituciones.
Una característica singular de la democracia durante las últimas tres décadas ha sido la evolución de sus instituciones políticas y de los ordenamientos legales que regulan los procesos electorales. Ha costado mucho a todos los mexicanos.
