“Luchar contra la corrupción no es sólo buen gobierno. Es autodefensa. Es patriotismo”. (Joe Biden.)
Las conferencias mañaneras del presidente López Obrador sin duda son como pulgas en la cama de los opositores a esta forma de gobernar. Pero sin duda abren cloacas y destapan alcantarillas, donde la pus y la suciedad de la corrupción afloran de inmediato.
Tal es el caso de la denuncia presentada el pasado 13 de enero, que desnuda el sistema penitenciario. En 2010, bajo el gobierno de Felipe Calderón, el proceso de privatización de cárceles federales recayó en el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien actualmente está detenido en Estados Unidos por conspirar para delinquir y aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, se celebraron contratos por el método de adjudicación directa, esto es sin licitación, para administrar nueve reclusorios por un costo de 266 mil millones de pesos con vigencia de 22 años al final de los cuales la obra será propiedad del particular. Representa un gasto diario de 3,500 pesos por recluso.
Penales en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango y el femenil de esa entidad además de otros cuatro más, ocho de ellos pactados el 7 de diciembre de 2010, y el de Oaxaca el 11 de diciembre de 2011 fueron suscritos con particulares, empresas vinculadas a políticos y hasta con medios de comunicación. Extrañamente esta importante información no ha tenido la relevancia para formar parte de las ocho columnas de los medios y sólo algunos de ellos lo han publicado. Hoy en día, en los penales privatizados hay 11 mil 533 personas privadas de su libertad que cumplen una condena y donde sus derechos humanos y su reinserción social no están garantizados.
En las 21 prisiones federales que hay en el país, el 54% de los reclusos se encuentran en cárceles privadas no llegando estas a ocupaciones superiores al 70 por ciento de su capacidad, pero recibiendo el costo como si se encontraran al cien por ciento.
En la conferencia destacó López Obrador que ya “hay una denuncia presentada en la Fiscalía General de la República (FGR) que tiene que ver con el señor García Luna; “He dado instrucciones al consejero jurídico: que se hable con los proveedores para que se llegue a un acuerdo, porque es un abuso, y si tienen voluntad, se debe lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública… Lo siguiente es que se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos, si no se tiene un arreglo”.
Recomendable la lectura del libro Los Millonarios de la Guerra, donde la periodista Peniley Ramírez narra cómo una familia de amigos de García Luna, los Weinberg, intermediarios de empresas de seguridad israelíes, consiguieron contratos del gobierno federal durante los años de Calderón y Peña Nieto. Un verdadero ramillete de flores.
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