Por: Víctor Manuel Medina Calderón
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 4.-… “Toda Familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”
El derecho a la vivienda tiene en nuestro país hondas raíces históricas. El Artículo 123 fracción XII de la Constitución de 1917 estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.
En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de brindar seguridad social a los trabajadores y en sus inicios proporcionó viviendas a sus derechohabientes. Cuando nuestro país entró en una etapa de urbanización y desarrollo industrial, fue cuando se crearon los principales organismos de vivienda.
En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones a constituir un Fondo Nacional de Vivienda y establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar créditos baratos para adquisición de viviendas. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972 y en mayo de ese mismo año se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE). Sin embargo, fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.
Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes financieros modificando el marco legal.
Surgieron las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y el Infonavit comenzó a operar de igual forma, dejando de lado el objeto para el cual fue creado, convirtiéndose en los hechos, en una Sofol. Posteriormente surgieron las Sofomes y cientos de empresas dedicadas al ramo de la vivienda.
Actualmente las deficiencias en el renglón de la vivienda van desde créditos sumamente caros, mala calidad en la construcción de las viviendas, políticas de cobro y recuperación acorde con los intereses de las grandes empresas sin importar la situación económica del país y el galopante desempleo.
La Organización de las Naciones Unidas recomienda a los gobiernos mundiales destinar el 6% del Producto Interno Bruto al rubro de vivienda, sin embargo, en nuestro país se destinan menos de 20 pesos anuales por habitante.
Correo: vicmedina@hotmail.com
Víctor Manuel Medina Calderón
Lic. En Derecho burocrático y Asesor en Empresas Públicas y privadas
