En nuestro país, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del gobierno de México incluye, como uno de los indicadores de la pobreza, la falta de vivienda, con calidad y espacio, con acceso a todos los servicios, piso firme de cemento, techo con losa de concreto, muros de tabique o ladrillo, con cocina, baño y con número de personas por habitación menor a 2.5 personas.
El actual gobierno federal tiene como proyecto de nación el combate a la pobreza, que lo reafirma con uno de sus principios fundamentales: Por el bien de todos, primero los pobres. Por esta razón, ha convertido en leyes constitucionales derechos a la pensión de los adultos mayores, becas a los estudiantes de todos los niveles educativos, apoyo a las personas con discapacidad y a madres con niños en nivel preescolar. Es decir, ha implementado acciones, como políticas de Estado, enfocadas en combatir y superar los indicadores de pobreza o de carencia social que proporciona el Coneval.
El gobierno de la Cuarta Transformación suma a las acciones ya emprendidas en otros rubros, la propuesta de reforma constitucional de desarrollo habitacional con base en dos pilares: 1) La construcción de 75 mil viviendas al año cerca de los centros de trabajo y a bajos costos y 2) Establecimiento de mecanismos para que el trabajador, como un derecho, pueda acceder a estas viviendas.
Anteriormente, a pesar de que se construyeron muchas viviendas, éstas unidades habitacionales se construían donde no había servicios, lejos de los centros de trabajo y de la zona urbana, que generaba costos de traslado altos, donde los terrenos eran más baratos, muchas veces en zonas inundables. Estas viviendas no fueron pensadas para resolver el problema de vivienda, no se pensaba en el combate de la pobreza, sino en un negocio inmobiliario. Por lo tanto, estas viviendas con tantas carencias, costos altos y décadas para pagarlas, fueron abandonadas, viviendas mal construidas, con malos materiales y adefesios poco funcionales. Con Fox y Calderón se financiaron viviendas de 27 metros cuadrados, donde a los trabajadores se les condenaba a vivir fuera de los centros de trabajo y hacer horas en el transporte público. Así, la actual administración federal heredó un país con 50 por ciento de pobres.
Con la producción a cargo del sector privado y costos mayores a los 550 mil pesos, difícilmente este sector de la población tenía acceso a una vivienda. Esto significa que los trabajadores no podían alcanzar un crédito con los costos de las viviendas existentes y cuando los precios por amenazan encima de lo que aumentaban los salarios, los créditos de vivienda se volvieron inalcanzables.
Así, la iniciativa de reforma tiene como fin que el Infonavit provea y complemente la oferta de vivienda disponible a favor de los trabajadores y sustenta las bases para que el próximo gobierno lleve a cabo un plan de desarrollo habitacional para construir alrededor de 75 mil viviendas anuales y generar con esto un millón de empleos en el sector de la construcción, trabajadoras, trabajadores que estarían construyendo las viviendas que México necesita.
Esta es una de las 20 reformas constitucionales que envió el presidente al Congreso y es uno de los derechos más importantes que ver con regresarle al Instituto, creado para garantizar el derecho a la vivienda de todas y todos los mexicanos, tema que seguiremos abordando en el siguiente espacio estimado lector.
Por el bien de todos, primero los pobres.
