“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, es una frase que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con furor en reiteradas ocasiones a lo largo de su mandato y uno de los cambios que se ha venido llevando a cabo para combatir la corrupción enquistada en nuestro México que fue floreciendo en un entorno de impunidad deliberada. Eso impedía que generaciones de mexicanos y chihuahuenses, brillantes y trabajadores, avanzaran a una sociedad más justa, que volteara a ver a las poblaciones excluidas y menos favorecidas, y entendiera, con toda conciencia, la verdadera realidad social del país.
El Gobierno Federal ha priorizado las políticas públicas y programas para reducir la pobreza, involucrando sistemas macroeconómicos que han dado estabilidad al peso mexicano frente al dólar, el incremento histórico de salarios, sobre todo en la zona fronteriza para colocarse como una de las naciones más estables en un mundo en el que grandes economías se desploman. Pero ningún avance puede seguir dando frutos si no se profundizan las medidas contra la corrupción.
En los últimos meses han venido aflorando denuncias de supuestos entramados de corrupción e irregularidades que involucran al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. En plena carrera por el 2024, que ya está aquí, es de entenderse que la artillería de la oposición alinee sus miras hacia Morena y los gobiernos que lo representan, y Juárez no es la excepción. De ahí crece la imperante necesidad de que se investigue a fondo, de manera expedita y transparente dichos señalamientos contra Pérez Cuéllar para evitar la lluvia de especulaciones electorales que empañen el trabajo de la Cuarta Transformación y exigir, en esa misma línea, una investigación a los señalamientos que pesan contra la gobernadora de Chihuahua y su administración, que no son pocos.
Durante septiembre y octubre de 2023 se presentaron tres denuncias ciudadanas contra Cruz Pérez Cuéllar ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por los delitos de cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito en las que se le acusa de la compra con sobreprecio de kits escolares, pruebas de detección de Covid-19 y desvío de recursos en obras del Presupuesto Participativo. En la lluvia de denuncias está también la adquisición de una vivienda valuada en 26 millones de pesos que fue presentada por integrantes del partido azul ante la Fiscalía Anticorrupción. En otros señalamientos se acusa al edil del excesivo gasto para el control de medios de comunicación y redes digitales, el pago millonario a una organización inexistente para el Museo de Juan Gabriel, entre otras más que por el bien de Morena, del alcalde y de la propia ciudadanía debe aclararse.
Pero dice el refrán: “Con la misma vara que midas serás medido”. Y es que hasta el momento, el grupo parlamentario del PAN olvida que el Gobierno del Estado sigue sin poder explicar cuánto es el dinero gastado en la impresión de los folletos académicos tras la detención de la distribución de los libros de texto gratuitos, un tema que resultó muy escabrozo para la gobernadora Campos.
Tampoco dicen nada de las adjudicaciones directas a la familia de la pareja de la gobernadora, el aumento de vuelos y costos para viajes de la mandataria, que privilegia el proyecto para la Plataforma Centinela que sigue sin dar resultados positivos y su edificio sigue en escombros, mientras Ciudad Juárez encabeza la violencia feminicida en el país.
La lista no es corta, Campos Galván otorgó 155 millones para terminar un hospital de Parral a dos constructoras propiedad del diputado local Ismael Mario Rodríguez Saldaña, suplente de Mario Vázquez cuan éste solicitó licencia como diputado local por el Distrito 16 de Chihuahua en enero, para ser nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado. (Sic. Zona Free). También están los desfalcos millonarios reflejados en una auditoría al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) y a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).
Hacia febrero de 2022, Roberto Lara Rocha, hasta entonces presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, presentó su renuncia tras hacerse pública la investigación penal por el asesinato de Luis René Villarreal, exempleado del organismo. (La Verdad Juárez).
No olvidemos la nómina secreta y la red de corrupción del ex gobernador César Duarte que sigue ocupando posiciones que permiten su permanencia e impunidad, aún con el ex mandatario tras las rejas, y por la que la misma gobernadora fue vinculada a proceso. El silencio también es complicidad.
