Por: Liliana Ochoa Ortega
Hoy en día, el combate contra la corrupción se posiciona como uno de los más grandes retos a los que nos hemos enfrentado. Lo digo así porque algunos de los problemas actuales que existen son causados o agravados por la corrupción.
Y es aquí cuando el gobierno debe saber que no es una batalla que puedan o deban dar solos, nosotros, la ciudadanía, somos los refuerzos que contamos también con herramientas y la voluntad de participar para lograr tener gobiernos más abiertos, más transparentes y más eficientes y que la corrupción se convierta en la excepción en la administración pública.
El Municipio es la célula más pequeña de gobierno y por tanto, la más cercana a la gente. Elegimos a las y los alcaldes a quienes depositamos nuestra confianza y quienes son los responsables de dirigir las acciones desde este nivel para garantizar nuestros derechos a través de servicios, como el alumbrado, la seguridad, pavimentación , el impulso a la cultura, el deporte entre otros; los municipios, en menor o mayor cantidad, dependiendo de su tamaño y su población, ejercen recursos públicos con estos fines, recursos que se recaudan del trabajo y esfuerzo de las personas.
Es necesario que se cuente con un vigilante, una organización con la autonomía suficiente para poder investigar, realizar el proceso correspondiente, y de ser el caso, sancionar actos o acciones contrarias al buen actuar de las y los servidores públicos, y todo conforme a las normas vigentes, sin ningún hueco que deje lugar a la arbitrariedad. Desde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) vemos cómo a seis años de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y cuatro del local, los municipios siguen teniendo ese vacío, este órgano vigilante aún no existe, puesto que no cuentan con lo necesario que se establece en la Ley General de Responsabilidad Administrativa.
El pasado 24 de noviembre el CPC, en rueda de prensa, presentó dos propuestas con el fin de adecuar el Código Municipal para brindar certeza y garantía a las personas de que la corrupción no va a ganar más terreno, las cuales, además de la creación de los Órganos Internos de Control, buscan fortalecer a las sindicaturas, así como la participación ciudadana en los municipios con instrumentos que ya son un derecho de las personas y una obligación de la autoridad el garantizarlos.
Dichas propuestas se enviaron formalmente a todos los grupos políticos al interior del Poder Legislativo para que las presenten y realicen los procesos necesarios para convertirse en la norma. Esto lo hacemos con la convicción de que, con la participación ciudadana el Poder Legislativo fortalece los mecanismos de parlamento abierto, en este caso sobre la creación y modificación de las leyes a las que estamos sujetos, será una forma de hacer comunidad para todas y todos.
Son propuestas ciudadanas, necesarias y claras; se realizaron con asesoría, participación y experiencia, además del CPC, de la Mesa Estado de Derecho, y Plan Estratégico de Juárez, las sindicaturas de las administraciones pasadas de los municipios de Chihuahua, Juárez y Meoqui, con el acompañamiento de la Dra. Lizbeth Padilla, auspiciada por USAID.
Es para nosotros importante también la participación de todos los sectores en la discusión de estas propuestas por lo que adicional a solicitar que los diputados y diputadas firmen y presenten estas iniciativas, pedimos que para las discusiones se invite a todas las personas y organizaciones o instituciones que estén interesados.
El CPC se anota para estas reuniones, puesto que nuestro compromiso se centra en brindar y fortalecer herramientas y mecanismos anticorrupción; y porque sabemos que acabar con la corrupción en México es sustancial para mejorar la calidad de vida de todas las personas.
