La primera parte del paquete fiscal que se aprobó en la Cámara de Diputados la semana pasada fue la Miscelánea Fiscal, en ella se modifica la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, y otros ordenamientos. Se votó en lo general con 260 votos a favor de Morena, Verde y PT, y 218 en contra del PAN, PRI, PRD y MC.
El gobierno nuevamente sacrifica la inversión y el empleo en México con tal de incrementar su recaudación para financiar proyectos faraónicos y programas que no se están reflejando en un mayor bienestar para los mexicanos.
Los recursos excedentes del presupuesto del año anterior deberían ser utilizados para programas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y al sector agropecuario, por cierto, el tope para la exención de impuestos para este tan golpeado sector de la economía se reduce de 1 millón 300 mil pesos a 900 mil pesos de ingresos anuales.
A partir de enero de 2022 será obligatorio que los jóvenes de 18 años de edad se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Desde Acción Nacional vemos con preocupación que el gobierno federal quiera hacer uso del RFC como un padrón poblacional y extorsionar hasta a los más jóvenes, con tal de conseguir más recursos para seguir dilapidando el dinero, aunque lo nieguen van a tomarles como ingresos todos los depósitos que los jóvenes tengan en sus cuentas personales, aunque sean para sus gastos. Nos oponemos firmemente a que los datos personales de quienes no realizan actividades empresariales ni económicas sean usados de forma arbitraria o para intimidar.
Por otro lado, se reduce notablemente el monto deducible para las donaciones a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), prácticamente lo desaparecen, con ello instituciones como la Cruz Roja, asilos de ancianos, ayuda a los enfermos de VIH/sida, apoyos al deporte, hogares para niños desamparados, programas educativos, culturales, en general Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada (OSC), cuyo trabajo filantrópico es clara muestra del valor de solidaridad y que cumple con muchas tareas que el gobierno, históricamente, no ha logrado hacer, van a sufrir la falta de recursos.
Esta iniciativa tendría un impacto devastador puesto que se perderán miles de empleos de personas que trabajan ahí, pero aún peor, miles de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad perderán lo que para muchos es el único apoyo con el que cuentan en su condición. Se propiciará, desde la ley misma, una afectación a un importante universo de OSC y a las miles de personas beneficiarias de sus actividades en rubros tan relevantes como la asistencia social, la educación, la preservación del medio ambiente y el desarrollo social, por citar algunas.
Esto afectará, además, los derechos de libre asociación y participación ciudadana, que el Estado debiera de promover, no de limitar.
