Un día antes de que la Caravana por la Dignidad arribara a la Ciudad de México, el secretario de Gobernación y el gobernador chihuahuense firmaron un convenio con el cual el gobierno federal se compromete a que la PGR realice los trámites de la extradición de César Duarte, así como a pagar en forma inmediata los 900 millones de pesos retenidos al gobierno de Chihuahua.
El triunfo de la protesta encabezada por Javier Corral es irrefutable, pues demostró que sí se puede exigir el cumplimiento de los acuerdos con las autoridades federales a pesar de las presiones de las mismas, como la amenaza de multas para el fiscal y sus colaboradores.
La reacción de la presidencia ante el justo reclamo de los chihuahuenses aunque tardía al fin se dio para lograr el citado acuerdo. La manzana de la discordia no fue sólo Duarte, sino también Alejandro Gutiérrez, al que la PGR prefiere tener bajo su custodia por lo comprometedor de su actuación en el desvío de 250 millones de pesos para las campañas priistas.
La detención del ex secretario general adjunto del PRI fue la principal causa para la cancelación de la partida federal del Ramo 23 y de las acciones en contra del gobierno chihuahuense que se conocieron a través de los medios locales y nacionales.
No se puede dejar de reconocer la participación de los chihuahuenses y de otros compatriotas en esta marcha de protesta, encabezada por el gobernador a pesar de las consiguientes críticas en su contra y la avalancha mediática que intentó desprestigiarla.
Por otra parte, el ganar una batalla no significa ganar la guerra, pues queda pendiente la imprescindible reforma fiscal que proporcione una repartición más equitativa a las entidades, pues hasta ahora la Federación se queda con la mayor parte del presupuesto, y como reza el refrán, quien parte y comparte se queda con la mayor parte.
En toda negociación se gana y se cede algo, en este caso el traslado de Gutiérrez a un penal federal para ser juzgado por delitos electorales, así como no continuar con las protestas en contra del gobierno de Peña Nieto. Sin embargo no deja de ser un logro el que se continúe con la extradición de César Duarte para ser juzgado en Chihuahua, estado que saqueó como ningún otro gobernador anterior en el periodo posrevolucionario.
El otro acierto fue demostrar que se pelearán con encono las participaciones para la entidad, una de las principales responsabilidades no sólo del gobierno estatal, sino de todos los ciudadanos. Chihuahua vuelve a demostrar al resto del país que la lucha cívica debe ir más allá de las disputas partidistas por el poder y que unidos los mexicanos podemos lograr que nuestros derechos sean respetados por quienes detentan el poder federal.
