El estado de derecho es fundamental para fomentar el desarrollo económico. Es sin lugar a dudas lo que permite que las actividades cotidianas se realicen sin contratiempos y se reduzca el costo de tener que estar sorteando las barreras que la ausencia del estado de derecho impone.
Recientemente se publicó el reporte del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 (https://worldjusticeproject.mx/), donde se da con lujo de detalle el estado que guardan los estados en el país. En términos generales los estados ni avanzaron ni retrocedieron, mantuvieron el mismo nivel.
Por otro lado, este reporte se hace a nivel mundial (https://worldjusticeproject.org/) y con el propósito de contextualizar, México se encuentra en el lugar 104 de 128 países analizados y bajó 3 lugares en relación con el informe anterior. En la región de América Latina y el Caribe somos el lugar 26 de 30. Y con nuestra calificación de 0.44 estamos muy lejos del primer lugar, que es Dinamarca, con 0.90, o inclusive de Chile, con 0.67.
En el reporte de México, el cual es más reciente que el generado a nivel global, el promedio de los estados está en 0.40. Difícil saber si las metodologías son equiparables en su totalidad, pero nos permite darnos una idea de dónde se encuentra el estado de Chihuahua, que tiene una calificación de 0.41, justo por encima de la media nacional.
Nuestras mayores debilidades se encuentran en los subindicadores de Orden y Seguridad y Cumplimiento Regulatorio. Básicamente el alto índice de homicidios y el hecho de que la población no se siente segura afectaron al subindicador de Orden y Seguridad. Lo que sí llama la atención son los componentes del subindicador de Cumplimiento Regulatorio, donde la población expresa un problema en cumplimiento regulatorio libre de corrupción y ausencia de procedimientos administrativos eficientes.
Llama enormemente la atención que en el caso del país y del estado de Chihuahua los indicadores sean tan bajos, esto porque en ambos gobiernos la agenda principal es la de combate a la corrupción, pero los hechos dan vista a que la realidad es otra.
El desarrollo económico en el país y en el estado necesita cambios estructurales que faciliten la creación y operación de empresas, que permita la libre movilidad del mercado para fomentar el consumo. Que no distraiga a la población y a los empresarios con prácticas de corrupción por parte de las autoridades.
Desafortunadamente se ha entendido que el combate a la corrupción es el estar persiguiendo a los presuntos corruptos, y qué mejor si son enemigos políticos. Una autoridad no tiene un gran éxito cuando mete a la cárcel a un corrupto. Es mucho mayor el éxito cuando logra que no se cometa el acto de corrupción. Como todo delito, al consumarse el acto ya perdimos todos.
Sólo desarrollando las mejoras regulatorias adecuadas y reduciendo la impunidad lograremos como país y estado incrementar nuestro Índice de Estado de Derecho y tener un contexto más adecuado para el adecuado desarrollo económico.
