Suena raro, pero “administrar la justicia” también significa hacer más largos y tediosos los procedimientos para obtener un beneficio jurídico.
Causa inquietud la puesta en marcha de la Guardia Nacional, sobre todo por el temor de los defensores de los Derechos Humanos de que regresen los tiempos de represión y abusos de las fuerzas armadas en nuestro país.
Sin embargo, para mucha gente, la Guardia Nacional es la esperanza de que las cosas cambien y se pueda avanzar en la ansiada paz y justicia ciudadana que requerimos. Por lo que respecta a las acciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la Guardia Nacional sólo es una pieza más en el engranaje que incluye otras corporaciones federales, estatales y municipales, además de ministerios públicos, investigadores, jueces y magistrados encargados todos ellos, tanto del resguardo de la legalidad y seguridad de la vida y bienes de los ciudadanos como de la impartición de justicia pronta y expedita según lo determinan nuestras leyes.
También están sujetos a las leyes vigentes en nuestro país y gozando de las herramientas actuales para desarrollar su trabajo. Sin embargo, las cosas no caminan. La delincuencia organizada ha sentado sus reales en nuestras comunidades y la delincuencia común también, por sobre los señalamientos de las autoridades de gobierno que siempre intentan calmar los ánimos bajo el argumento de que “vamos bien”.
Frustrante resulta para las víctimas de delitos del fuero común o federal ver cómo se llevan a cabo los procesos para que al final, por errores en los procedimientos, faltas en la detención, abusos a los Derechos Humanos de los detenidos, acciones de corrupción o falta de preparación de jueces y magistrados los delincuentes terminen saliendo en libertad para continuar con su ruta delincuencial.
Ejemplos hay muchos, pero no tiene caso meternos al detalle cuando es una situación que se percibe además de la lectura de las notas noticiosas, con las acciones en la cercanía de amigos y familiares que han vivido esta pesadilla.
Los esfuerzos de quienes realmente buscan en forma seria y profesional el beneficio de la seguridad ciudadana, que también existe en gran medida, se topa con la lentitud burocrática de los procedimientos de investigación y en muchos casos con el contubernio y corrupción de agentes que sólo simulan hacer su trabajo y apegarse a la formalidad ante la urgencia de atención a casos que lo requieren.
Es urgente que la “simulación” dé paso a la “efectividad” en la aplicación de la justicia en nuestro país.
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