La controversia por la adjudicación judicial de Alejandro Gutiérrez la Coneja estuvo a punto de provocar un enfrentamiento violento entre la Policía Federal y la Estatal cuando el inculpado junto con Tarín y Villegas comparecieron en teleaudiencia en juzgados federales de esta ciudad.
La causa de la confrontación fue que el juez federal de la Ciudad de México ordenó a los custodios de la Coneja que lo trasladaran junto con los otros dos chihuahuenses implicados al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Los agentes policiacos estatales y municipales de inmediato rodearon el edificio de los juzgados federales para impedir que los policías federales pudieran llevarse a los detenidos al aeropuerto, donde los esperaba un Lear Jet de la Secretaría de Gobernación que los trasladaría a la capital mexicana en lugar de devolverlos al Cereso estatal donde están recluidos por estar bajo proceso por peculado.
La inusitada medida ordenada por un juez federal refleja el interés que tiene la Presidencia de la República para tener bajo su custodia a los tres acusados por la fiscalía del estado. Ellos fueron acusados y detenidos por desviar 240 millones de recursos estatales para campañas electorales priistas del 2016.
La operación dirigida por la Coneja, quien tenía el cargo de secretario general adjunto del PRI cuando era dirigido por Beltrones, no sólo se aplicó en Chihuahua sino también en otras entidades del país. Sus secuaces locales fueron Antonio Tarín y Gerardo Villegas, funcionarios de César Duarte que acataban directamente las órdenes del ahora exgobernador fugitivo de la justicia.
Las implicaciones legales no sólo de Manlio Fabio Beltrones sino también de Luis Videgaray, en ese tiempo secretario de Hacienda, son el motivo principal de que el gobierno federal intente en forma desesperada de llevarse a la Coneja de la discordia para evitar que vaya a confesar tales complicidades con estos y otros personajes políticos.
A principios de este año le fueron retenidos 900 millones de pesos al gobierno estatal después de que se detuviera a la Coneja en diciembre del año pasado. El gobernador del estado encabezó una marcha de protesta junto con cientos de chihuahuenses por todo el país, ante lo cual la Secretaría de Gobernación se comprometió a la asignación de recursos demandados y a gestionar la extradición de César Duarte, acusado hasta el momento por quince delitos, catorce estatales y uno federal.
En tiempos electorales este tipo de acciones son temerarias, pues radicaliza la polarización existente por la disputa de la Presidencia de la República y más de tres mil puestos públicos. Tal parece que esto no le importa al impopular inquilino de Los Pinos que está dispuesto a correr todo tipo de riesgos para evitar no sólo declaraciones implicatorias de Alejandro Gutiérrez sino también las que pudiera realizar el exgobernador César Duarte.
La salida a este embrollo judicial sólo puede ser un fallo al respecto de la Suprema Corte de Justicia, la que por cierto ha sido indiferente en un caso que pone en serio riesgo a las cuestionadas instituciones jurídicas del Estado mexicano y por ende la frágil paz que prevalece en el país.
La Coneja debe dejar de ser el móvil de la discordia entre los gobiernos estatal y federal pues ambos deben actuar en forma coordinada para que el proceso electoral se realice en forma adecuada y legal. ¿Lo entenderán así las empecinadas partes en disputa?
