El pasado jueves 18 de marzo se celebró en nuestro país el octogésimo tercer aniversario del decreto mediante el cual el entonces presidente General Lázaro Cárdenas del Río expropió a 17 compañías extranjeras que operaban en México sus activos de exploración y extracción petrolera. Aunque en una primera etapa la principal motivación de este decreto fue la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de esta industria, que eran explotados por las compañías extranjeras, su mayor relevancia consistió en encomendar en forma exclusiva al Estado mexicano las actividades de exploración, extracción y comercialización de hidrocarburos en el país, situación que en lo sustancial se mantiene vigente hasta la fecha. Es válido afirmar que la explotación del petróleo en el país ha representado históricamente la confrontación continua entre intereses nacionales y los de empresas y potencias extranjeras.
La celebración fue muy relevante, porque confirmó el apoyo decidido del gobierno federal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Petróleos Mexicanos (Pemex), que derivado de la tan cuestionada reforma energética de 2013, se convirtió en una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica operativa y de gestión. Esta reforma energética abrió la posibilidad de la participación de terceros en las actividades de explotación petrolera, mediante el modelo de “utilidad compartida” y de comercialización en los mercados de petrolíferos y de gas natural. Para ello, entre otras cosas, impuso medidas de regulación asimétrica a las actividades de comercialización de Pemex en estos mercados, sin que, a 5 años de su implementación, contrario a sus propósitos, se mostraran beneficios en su desarrollo, ni en el precio de los hidrocarburos para el consumidor final.
Así, con nuevos descubrimientos de reservas, el gran reto para le empresa como lo expuso en su mensaje el director general Ing. Octavio Romero Oropeza, y como está planteado en el recientemente presentado Plan de Negocios 2021-2025, sigue siendo el generar certidumbre para atraer inversión que, en el marco del respeto irrestricto a la soberanía energética del Estado mexicano, esté en posibilidad de explotar un mayor número de los 30,000 pozos del inventario actual. Máxime si consideramos que sólo 500 de ellos o el 1.6% producen aproximadamente el 80% de la producción de los 1’686,000 barriles que se promediaron por día de producción en 2020.
Es importante demostrar, contrario a lo que se alegaba, que las empresas productivas del Estado mexicano pueden ser bien administradas por mexicanos, atendiendo en su gestión exclusivamente a criterios de rentabilidad para generar utilidades en beneficio de la población.
Es así como en el marco de esta nueva política energética, a través de la presentación del citado Plan de Negocios 2021-2025, Pemex planteó su estrategia institucional, orientada a la recuperación de su capacidad financiera y productiva, lo que se logrará mediante el apoyo del Estado mexicano y con la colaboración de sus proveedores y contratistas.
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