La reciente declaración de la secretaria de Gobernación en lugar de aportar luces jurídicas sobre la cuestionada “Ley Bonilla” acabó por crear una mayor confusión sobre su legalidad.
Olga Sánchez acudió a la toma de protesta del gobernador de Baja California en representación del presidente López Obrador. Después del evento la exministra lo felicitó en su oficina y le comentó que la ley era “legal” por lo que podría prevalecer y de esa forma durar cinco años en el poder.
La excesiva condescendencia de la funcionaria tal vez fue por cortesía o por el entusiasmo del momento, pero para su mala suerte fue grabada y transmitida en las redes hasta llegar a los medios de comunicación. El alegre festejo de Bonilla ante el mensaje que consideró presidencial fue una afrenta pública no sólo para los bajacalifornianos sino también para los mexicanos.
La absurda afirmación de la señora Ortega contradice lo que expresara unas semanas antes, cuando declaró que desde su punto de vista la Ley Bonilla era anticonstitucional. Días después resulta que es “legal”, lo que la pone ahora en un serio predicamento junto con su jefe, pues parecería que el Gobierno Federal está avalando la tragicomedia de Baja California.
El absurdo caso se debe a la ambición desmedida del empresario Bonilla y su equipo, los cuales pretenden permanecer cinco años en el gobierno a pesar de que los electores votaron por un periodo de sólo dos años.
No se recuerda un caso parecido, ni en los mejores años de hegemonía del PRI, por lo que es un pésimo antecedente que pone en entredicho la reiterada vocación democrática de Morena y de su fundador.
La seria crisis por la que atraviesa este partido, en menos de un año de haber arribado al poder, despierta no sólo sospechas sino señales de alarma que podrían repercutir en la confianza internacional, de por sí mellada por el nulo crecimiento económico en este 2019.
Después del “culiacanazo” viene el “bonillazo” para desgastar y desprestigiar aún más al Gobierno Federal, por lo que su capital político se está diluyendo rápidamente debido más a sus acciones que a las llevadas a cabo por la debilitada oposición.
La decisión sobre si la polémica Ley Bonilla es anticonstitucional o “legal” queda ahora en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano jurídico del país deberá fallar ahora el caso, el cual es su prueba de fuego en este sexenio, pues tendrá que demostrar su autonomía real aplicando la ley y dejar a un lado las tradicionales conveniencias políticas.
