El triunfo de un proyecto político que favorecería a los pobres y marginados no culminó en las urnas, sino que ya se enfrenta a la dura realidad de una economía adversa en lo nacional e internacional.
La desigualdad se ha agudizado en las últimas décadas mientras los acaudalados incrementan sus enormes fortunas, como es el caso de los 16 billonarios mexicanos que ostentan una riqueza de 141 mil millones de dólares, cantidad con la cual se podría pagar la deuda externa de México.
El banco suizo UBS informó que estos socios del exclusivo club de los billonarios incrementaron sus fortunas en un 21.5 por ciento en 12 meses, mientras el crecimiento económico del país fue de sólo la décima parte.
El reto de reducir la miseria de buena parte de los mexicanos costaría de acuerdo a lo planeado por el presidente electo unos 500 mil millones de pesos anuales. El problema es de dónde se obtendrían, pues las finanzas públicas son deficitarias y Hacienda calcula que los pasivos llegan a 20 billones de pesos (20 millones de millones).
Las dos empresas públicas ejes del desarrollo nacional, Pemex y la CFE, cerraron el tercer semestre con pérdidas que suman 60 mil millones de pesos. Pemex además tiene pasivos por casi dos billones de pesos.
La situación económica del país es precaria, pues si por un lado aumenta el precio del petróleo hasta llegar a unos 85 dólares el barril en el 2020, por otra parte se incrementa el precio de las gasolinas y el litro de la Premium podría costar hasta 24 pesos este fin de año.
El malestar social que se manifestó ante el “gasolinazo” del año pasado producido por la liberación del precio de los hidrocarburos fue medianamente contrarrestado con subsidios que está cancelando el actual gobierno y difícilmente podría seguir sosteniendo el próximo.
El Banco de México ya alertó sobre un entorno internacional de posible recesión debido al alza de tasas en el vecino país, por lo que sostener la actual estabilidad macroeconómica debe ser una prioridad y no sólo buenas intenciones del siguiente gobierno federal.
El debate sobre la continuación o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tiene precisamente un trasfondo de a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. El asunto es complejo y no se resolverá con una simple consulta por muy bien intencionada que sea, pues la opinión pública no sólo está dividida, sino también desinformada.
México se encuentra en una seria crisis no sólo institucional, sino social, debido al crecimiento de la inmensa brecha existente entre los que han sido favorecidos por el sistema vigente y quienes permanecen en condiciones de pobreza y sin oportunidades de progresar.
Las soluciones a la problemática nacional requieren una política con estrategias humanitarias, pero también con enfoques especializados basados en la realidad. El reto del próximo presidente y colaboradores es mayúsculo, pues tendrán que conciliar las inversiones de los dueños del capital y la necesidad cotidiana de sobrevivir de millones de mexicanos.
