Una serie de hechos en el primer mes de este año demostraron el alto grado de inseguridad y vulnerabilidad del país a lo largo y ancho de su territorio.
La explosión de una fuga de un ducto en un municipio del estado de Hidalgo causó más de cien muertes y decenas de quemaduras de alta gravedad. El cierre de la válvula del ducto fue cuatro horas después, a pesar del alto riesgo evidente para los cientos de pobladores que acudieron para proveerse ilícitamente de gasolina.
La incapacidad previsora de las autoridades y la inconsciencia colectiva se unieron una vez más para una nueva tragedia, la cual no persuadió a otros huachicoleros para que continuaran con su actividad ilegal que le ha costado a Pemex una pérdida de casi 150 mil millones de pesos en los tres últimos años.
La inseguridad nacional que prevalece en México no sólo demuestra la grave carencia de un Estado de derecho, sino también una preocupante tendencia popular en apoyo de las acciones ilegales y del crimen organizado.
La guerra contra el huachicoleo ya se convirtió en la batalla estandarte del presente sexenio con sus altos costos económicos y sociales. El desabastecimiento de gasolina debido sobre todo al cierre de ductos para impedir las constantes fugas provocadas en diversos municipios semiparalizó las actividades económicas en productivos estados como Guanajuato y Jalisco.
Además una vieja demanda de la CNTE tenía paralizado a Michoacán, pues los maestros tomaron las vías del ferrocarril ocasionando el bloqueo de mercancías de todo tipo que circulan por su territorio y también ocasionando un serio congestionamiento de mercancías en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, segundo y tercero de mayor actividad en el país.
Las pérdidas multimillonarias se acumulan ante la pasividad burocrática y permisiva de las burocracias federales y estatales, las cuales para variar se echan mutuamente la culpa. A ellas se suma la huelga de 55 mil trabajadores en 45 maquiladoras de Matamoros.
La inseguridad no sólo pública sino también nacional es evidente y se manifiesta a diario en México. Las encuestas muestran que entre el 70 y 80 por ciento de los ciudadanos considera que su localidad es insegura. Al parecer las únicas islas de seguridad lo siguen siendo algunas poblaciones como San Pedro Garza García, Mérida, Saltillo y otras.
La Guardia Nacional se ha presentado como una alternativa necesaria para enfrentar al crimen organizado combinando la disciplina militar con la capacidad policiaca. Sin embargo aún se debate su legalización mientras los delincuentes continúan adueñados de regiones enteras imponiendo su ley.
El alto grado de vulnerabilidad e inseguridad nacional requiere una reingeniería social profunda que restablezca los lazos de cooperación y respeto mutuo entre la sociedad civil y las autoridades. La corrupción hace tiempo que dejó de ser una bandera electoral pues es parte de la cultura de poblaciones enteras y ya no sólo de mafias legales e ilegales.
Contar con más policías es una solución temporal que durará lo que los nuevos agentes se corrompan si no se establecen mecanismos adecuados para evitarlo en todos los niveles.
Es tiempo de decisiones y si ya el presidente López Obrador se comprometió a combatir la corrupción empezando con los huachicoleros, también debería hacer lo mismo con las otras gavillas que han saqueado impunemente las arcas públicas y los patrimonios de los ciudadanos. Le espera a él y a los mexicanos una larga y ardua tarea para reducir la inseguridad y vulnerabilidad vigentes hasta ahora en el país.
