“ Nadie escoge dónde nacer,
pero sí, dónde le gustaría vivir”
Migrante hondureño
El término feminicidio fue acuñado en 1976 por la activista sudafricana Diana Russell, durante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujeres. Actualmente podemos sugerir que los crímenes contra los migrantes pudiera denominarse: “Migrantecidio” por la crueldad con la que miembros del crimen organizado o las policías cometen contra quienes su único propósito es huir de sus países, solos o con sus familias hundidos en la miseria, inseguridad o falta de oportunidades.
De acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones de Naciones Unidas -OIM- se estimó 2020 que 281 millones de personas son migrantes en otros países, principalmente en aquellos desarrollados. Históricamente la movilidad de mexicanos hacia EU ha estado presente por más de cien años impulsados por factores económicos y los efectos de la Revolución; básicamente por la proximidad geográfica y la demanda de trabajadores agrícolas, incorporando con mayor flujo a partir de los años 70 del siglo pasado a migrantes de Centroamérica por los mismos motivos, estando sujetos a un sinfín de problemas por la inseguridad en su travesía por México.
Debido a la apertura “indiscriminada” de la frontera sur por el presidente Obrador, se registró aumento inusitado de miles de migrantes en caravana, lo que pronto derivaría como respuesta de las amenazas de Trump de imponer aranceles a México del 15% a productos de exportación. Fue Marcelo Ebrard quien en lo “oscurito” pactó con Mike Pompeo, secretario de Estado, para que México contuviera la migración de centroamericanos y de otros países como Tercer País Seguro, instalando el programa “Quédate en México”. Esta aseveración fue hecha por Martha Bárcena, nuestra embajadora en ese país (exhibiendo a Ebrard), que fue obligada a renunciar a su cargo. Para 2024 son 28 mil 395 efectivos de la GN, SDN, SM, quienes resguardan las fronteras sur y norte, que pagamos los mexicanos con nuestros impuestos al servicio de la Border Patrol.
De igual forma Obrador ordenó la salida del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén (ex director del COLEF), quien se había opuesto a la política migratoria del presidente mexicano, nombrando a Francisco Garduño Yañez, un optometrista y abogado, entonces encargado de las cárceles federales del país, como titular del INM en sustitución de Guillén.
La llegada de Garduño al INM representó la negación de los derechos humanos de los migrantes, que como prueba irrefutable lo fue la creación de un sistema carcelario aparentemente como Estaciones Temporales Migratorias, que fue la causal de la tragedia en Ciudad Juárez donde murieron encerrados bajo un calcinante incendio 40 migrantes y 27 heridos, 15 de ellos graves. Las indagatorias del Ministerio Público Federal para determinar las responsabilidades de esta tragedia indicaron la “probable” culpabilidad de los custodios, pero la permanencia de Garduño en el INM es sencillamente una ofensa a los familiares de las víctimas, así como el abandono de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Hoy no existe a un año de la tragedia ni sentencia ni reparación del daño.
Resulta inexplicable que Obrador haya sostenido en su cargo a Garduño, que independientemente de la tragedia, este personaje ya había sido investigado por la Auditoría Superior de la Federación, debido a la adjudicación directa de $545.5 millones a una empresa de apenas 11 empleados para instalar “albergues y puntos de revisión migratoria” en el país, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, en un proceso de contratación lleno de irregularidades. Con toda esta información ser migrante es jugarse la vida frente a la delincuencia o a las policías corruptas de nuestro país.
