La ley habilitante del 24 de marzo de 1933, aprobada por el parlamento alemán, el Reichstag, fue el instrumento jurídico que cedió, de facto, todo el poder legislativo a Adolfo Hitler, quebrando la separación de poderes de la República de Weimar. Fue el principal soporte jurídico sobre el que se construyó la transición de una república parlamentaria a la Alemania nazi. Adolfo prometía expandir los derechos sociales restando los derechos políticos de sus ciudadanos. La mayoría no percibía la inmoralidad de la rectoría del Estado en un solo hombre, en una sola voluntad de la izquierda.
Las personas no veían ninguna de las amenazas radicales contra los valores humanos que este personaje era capaz de cometer con todo ese poder; injusticias subyacentes que eran una amenaza de confiscación. Para la mayoría, la política sólo era un espectáculo mientras recibían algún beneficio. Otros eran apáticos y alienados. Para los disidentes, era una especie de tortura moral, de automortificación. Finalmente, estaba un círculo de responsabilidad, de hombres y mujeres mejor informados que no se hallaban tan radicalmente alejados del liderazgo de la nación.
Estos últimos tenían el conocimiento, o debían haberlo tenido, del carácter ilegal e inmoral de su jefe. Eran cómplices y beneficiarios de una rabia denigrante que buscaba ejercer la tiranía de la que hablaba Aristóteles, empeñada en conseguir que los súbditos pensaran poco, sustituyendo la iniciativa intelectual con la opresión ajena por medio de una enajenación social que eliminara los límites que imponían los valores tradicionales que el pueblo alemán compartía con la comunidad internacional. A cambio, el delirio les hacía evitar las dificultades de reflexionar lo que hacían.
Dejaron de ver que la obligación de evitar un daño desmedidamente grave era mayor que la gratificación inmediata que el caudillo y su ideología ofrecían en nombre del pueblo. Después de las espantosas consecuencias de la guerra, la gente común se disculpaba a sí misma al sentirse sólo como una pequeña parte de una participación política de carácter ocasional, intermitente, de efectos limitados, mediada por un sistema de distribución de la información parcialmente controlado por esos distantes funcionarios, y que permitía considerables tergiversaciones.
Los que formaban parte de la élite política, o no aceptaban sus crímenes, o decían que simplemente seguían órdenes, que no sabían lo que sucedía, que pensaban que un determinado extremo era cierto, cuando en realidad no lo era, o que esperaban que se produjera un resultado específico, que nunca se verificó. Generalmente, en la vida moral, uno tiene en cuenta la existencia de creencias falsas, informaciones erróneas y equivocaciones honestas. Pero llega un momento, en todo relato de agresión y atrocidad, donde dichas salvedades ya no se mantienen frente a los hechos.
¿A qué viene lo anterior? Es porque en México un Estado parecido al alemán se ha comprometido con una campaña de agresión contra los organismos autónomos y el sistema de contrapesos políticos. Y, para enfrentarlo, se requiere que la sociedad civil y los grupos empresariales se unan para salvar las instituciones con su voto, tal como Churchill, el ministro inglés, lo hizo con su Operación Dinamo, para salvar a las tropas aliadas atrapadas en Dunkerque. Los civiles somos, ahora como ayer, los barcos que cambiarán el rumbo de la Historia
