La primera mitad de este año 2021 ha sido, de acuerdo con especialistas, una de las más violentas de este siglo con 250 ataques del crimen organizado y como muestra reciente están las cinco masacres que en una semana tuvieron lugar en Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato y Zacatecas con un saldo de 57 muertos.
La más espectacular de estas matanzas fue la cometida por un grupo criminal que atacó al azar a civiles en Reynosa causando la muerte de 15 de ellos. Esta ciudad fronteriza es disputada por varios cárteles regionales por ser uno de los pasos estratégicos de la droga al vecino país.
Entrevistado uno de los responsables detenidos por el anterior crimen comentó que les habían dado la orden de “calentar la plaza”, por lo que les dispararon sin distinción alguna a las personas que se encontraron en las calles.
La causa de esta nueva oleada de violencia criminal se debe, de acuerdo con especialistas, al vacío que se ha creado en algunos estados por el cambio de poder, lo cual han aprovechado las bandas para realizar ajustes de cuentas o conquistas territoriales.
Paradójicamente, el presidente López Obrador acababa de felicitar a los integrantes del crimen organizado por haberse “portado bien” durante la jornada electoral y luego declaró que “el país está en calma” después de las elecciones intermedias.
Obviamente los homicidios van en aumento y las masacres demuestran lo contrario, que la seguridad nacional no se ha alcanzado a pesar de las reuniones diarias del mandatario con sus colaboradores para analizar la inseguridad y la violencia criminal.
Ante la embestida de los grupos delictivos se fortalece la hipótesis generalizada de que la tercera parte del territorio nacional esté controlado por los cárteles de la droga que imponen su ley en regiones, sin que haya autoridad alguna que pueda impedirlo.
En varias encuestas la mayoría de los entrevistados han declarado temerle más a la inseguridad que campea en todo el país que a la pandemia, sobre todo ahora con esta incontenible oleada de violencia.
Otro dato inquietante es que de acuerdo con la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito, nuestro país se ha convertido en uno de los tres mayores productores de opio en el mundo junto con Afganistán y Myanmar, controlando los tres el 96% de la producción de opio global.
Lo anterior no deja de aumentar las sospechas sobre el poderío que ejercen en la actualidad los cárteles y en general el crimen organizado.
Se recuerdan las declaraciones del anterior embajador en México sobre el verdadero gobierno territorial ejercido por los grupos criminales y que ahora con el cambio de partidos continúa igual o si no ejercen el “diálogo” de los balazos en lugar de los abrazos.
Ante la evidente oleada de violencia postelectoral y la que reinó en el periodo de elecciones este año se ha convertido en un serio llamado para que se restituya el Estado de Derecho, sobre todo en las entidades donde se masacra o desaparece a la población civil.
La inseguridad nacional agrava las condiciones de por sí adversas de los mexicanos debido a la pandemia y la crisis económica. Más que promesas por parte de las autoridades, los ciudadanos exigen la protección de sus vidas y bienes, primer y último deber de un estado moderno.
