El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de no aprobar las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.
Con seis votos a favor y uno en contra Salgado Macedonio se quedó sin la posibilidad de contender en su estado y por cinco a favor y dos en contra lo mismo le sucedió a Morón. El presidente del tribunal votó en las dos ocasiones en contra, pero los otros magistrados no lo hicieron por lo que ambos candidatos morenistas quedaron fuera de la elección de este año.
Después de una serie de protestas por parte de los citados y de su partido, que incluyó incluso amenazas veladas para los consejeros electorales, el INE votó por segunda ocasión que se anularan las candidaturas por no haber reportado sus gastos de precampaña.
El fallo del tribunal federal no dejó de ser sorpresivo, pues en otras ocasiones lo había hecho a favor del gobierno federal y de su partido, por lo que en esta ocasión ratificó su autonomía.
Además en la misma sesión el TEPJF también ratificó los acuerdos del INE para evitar la sobrerrepresentación de algún partido al obtener más del 8 por ciento de diputados del porcentaje de su votación, como claramente lo señala la constitución política.
Esta decisión judicial podría evitar que Morena vuelva a tener una mayoría calificada por sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados como al parecer la tiene actualmente de acuerdo a sus críticos.
La estrategia seguida por este y otros partidos era postular algún candidato por un partido satélite para después incorporarlo en la bancada y así tener mayoría.
Por consiguiente no deja de ser una buena medida para evitar la sobre representación de algún partido, así como para propiciar una mayor pluralidad y equidad representativa en los congresos.
Estas acciones despertaron una oleada de críticas en contra del INE y del TEPJF por parte de la Presidencia de la República y personajes del partido en el poder, como los ejecutivos de algunas entidades federativas.
La escalada aumentó hasta amenazar abiertamente con desaparecer los organismos autónomos pues el actual régimen los considera hechura del anterior que sólo sirven a los intereses de camarillas de neoliberales y conservadores.
La actuación de los organismos autónomos no se puede generalizar pues algunos han cumplido algunas veces y en otras han incurrido en prácticas cuestionables como la corrupción. Pero de ahí a eliminarlos sin más es riesgoso pues se quitaría el contrapeso que podrían tener dentro del estado para equilibrar las decisiones gubernamentales.
Más que desaparecerlos se deberían mejorar para que cumplan con sus funciones pues una buena parte de estas organizaciones emergieron como producto de demandas fundamentadas de la sociedad civil, como lo fueron las instituciones electorales autónomas.
Regresar a un pasado idílico que era poco democrático y autoritario no es una buena fórmula para avanzar en la transición democrática que tanto le ha costado al pueblo mexicano. Es más conveniente corregir que anular a las instituciones que han sostenido nuestra aún precaria y frágil democracia mexicana para bien o mal.
