La semana pasada la mayoría de los diputados federales aprobaron los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica para otorgarle la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por 304 votos a favor y 179 votos en contra más 4 abstenciones, la iniciativa preferente presidencial logró el dictamen favorable con 412 reservas y será enviado al Senado para su veredicto final, el cual probablemente sea el mismo.
De esta manera la reforma establece que todas las plantas de la CFE, incluidas las de combustóleo y carbón, serán las primeras en la generación y distribución de electricidad. Será de acuerdo con la demanda cuando las plantas privadas podrán vender su energía, primero las solares y eólicas para que al último lo hagan las de gas.
La polémica generada por estos cambios en política energética continúa, pues los opositores a la mejor llamada contrarreforma argumentan que se producirá energía eléctrica más contaminante y cara para los consumidores.
El sector privado nacional, estadounidense y canadiense habían solicitado evitar la aprobación de la cuestionada iniciativa, pues consideran que no respeta la competencia y acuerdos internacionales como el T-MEC, así como los de París.
La crítica es entonces en el aspecto competitivo que debería existir en el sector energético, pues en el caso de la electricidad su adquisición sería de acuerdo con las subastas para adquirir la más barata.
Como la CFE será la proveedora preferente, entonces es la que definirá el precio final de acuerdo con sus costos y no a las reglas del mercado. La controversia es si es el estado el que continúe o no con el monopolio de la energía y su uso en el país o se debe dar más juego a la libre competencia entre los proveedores particulares.
El gobierno mexicano desde que se nacionalizó la energía eléctrica en la década de los sesenta del siglo pasado, de hecho ha sido el rector de la misma a través de la CFE con sus logros y fallas.
El problema no es si una empresa pública sea la mayoritaria en el control de la electricidad, sino sobre todo si es capaz de producir la suficiente para afrontar el crecimiento de su demanda, el cual ha sido mayor en las últimas décadas al existir cada vez más aparatos que la requieren en todos los sectores.
El megaapagón reciente se produjo por la carencia de combustible para la generación de energía, en este caso de gas, ya que se importa en una buena cantidad del vecino estado de Texas.
El reto prioritario para la CFE es garantizar que no se continúen generando apagones que dañan la cotidianidad de millones de mexicanos y afectan seriamente al sector económico. La duda es si cuenta con la suficiente y moderna estructura para llevarlo a cabo, así como con una eficiente administración.
Además, debe esta empresa renovar sus fuentes de energía para transitar como las demás de las energías no renovables a las renovables como las solares y eólicas.
Desde luego tampoco si se desea ser objeto de inversión extranjera se debe dejar a un lado la competitividad y la seguridad para las empresas que se arriesguen incursionar en el sector. El problema es bastante complejo no sólo para la CFE sino para todos los mexicanos, por lo que se debería haber debatido más la referida ley y no aprobarla en forma inmediata para sólo satisfacer a quien envió la iniciativa.
