Una reforma integral a la constitución de nuestro estado es necesaria siempre y cuando sea incluyente en el acceso a todas las personas a sus derechos y garantice un texto plural y de vanguardia, por el contrario, una reforma que sólo refleje el punto de vista del gobierno en turno resultará en un ejercicio inútil que más pronto que tarde será reformado.
Una reforma conservadora que no reconozca los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, que no contemple los derechos de las minorías integrantes de la comunidad LGTBI+, será una constitución destinada a ser reformada nuevamente, pues la negación de derechos no es y no debe ser el espíritu de la nueva constitución.
El coordinador de los diputados panistas en el congreso local ha vetado a priori, sin siquiera poner a consideración la discusión temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la interrupción legal del embarazo, ya es un mal inicio y un aviso de que se impondrá una mayoría ficticia que niega la realidad no sólo de un estado, sino del país.
Y no se trata de “modas” o “visiones” de una parte de legisladores pertenecientes a una u otra corriente, el reconocimiento de los derechos es una realidad del país que ahí está, que sólo requiere ser plasmada y que, para ello, se requiere de la negociación entre las fuerzas políticas para hacer los ajustes normativos.
La propuesta de una nueva constitución, de acuerdo a la propia iniciativa, es que debe armonizarse para cumplir con la carta magna federal y con las disposiciones internacionales que en materia de derechos humanos que ha firmado el Estado mexicano. Además, se indica, requiere que la redacción del ordenamiento incorpore el lenguaje incluyente, de manera que no se vulneren los derechos de las personas.
La actual constitución local es de 1921, las últimas reformas integrales se realizaron en 1950 y 1994; y se han elaborado un total de 129 reformas, adiciones y erogaciones, que más que modernizar, han desordenado el texto constitucional. El ejercicio de los legisladores locales tiene que ser abierto y a discusión de la ciudadanía interesada, no cerrado ni en lo “oscurito”, como suelen hacerse estas reformas.
Dicha reforma se fundamenta en 13 ejes: derechos humanos, democracia y participación ciudadana, gobierno abierto, paridad e igualdad sustantiva, derecho al buen gobierno, desarrollo social, derecho a la salud, derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, seguridad y justicia, fiscalización y combate a la corrupción, medio ambiente, ecología sustentable y desarrollo, desarrollo económico e innovación, y órganos constitucionales autónomos.
El proceso para la reforma integral a la constitución debe ver e ir hacia adelante, no hacia atrás, los derechos no son “tendencias” que se estén dispuestos o no a reconocer, la constitución es un deber-ser, una perpetua adecuación entre la norma y la realidad.
La vida social no es la misma hoy y la de hace 50 años, y esa es parte de la labor que como legisladoras debemos tomar en cuenta a la hora de proponer modificaciones, pues las creencias personales deben quedarse en la esfera privada de cada uno de nosotras. La ley está para proteger los derechos humanos, no para satisfacer la conciencia de las y los legisladores.
