El verdadero problema de la recaudación para los estados es el impedimento que tienen de recaudar, a partir de 1980 cuando entra en vigor la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), al ser una potestad tributaria centralizada y exclusiva de la Federación. Tenemos que reconocer que antes de la entrada en vigor la LCF había confusión y falta de coordinación entre la Federación y los estados, situación que obligo a México a actualizar su sistema tributario.
El sistema impositivo actual dejó de ser eficaz, ha quedado rebasado y es insuficiente para resolver los problemas de recaudación y distribución de la masa recaudada repartible, en su creación el Fondo General de Participación a Entidades Federativas y Municipios destinaba el 13.00% de la Recaudación Federal Participable (RFP), 37 años después apenas reparte el 20% de la RFP, como base de reparto, ahora con el reconocimiento de la Federación sobre la pérdida de ingresos que han tenido estados y municipios, se han incrementado estos ingresos diversificando las fuentes que constituyen las participaciones y aportaciones, alcanzando con estas diferentes cuentas, incluidas las de los ingresos por impuestos especiales, hasta el 32.00%.
Romper el paradigma es prioritario para poder salir del estado en el que nos encontramos, hemos tenido una sinergia de ir modificando un esquema que sirvió en su momento, pero que claramente ha dejado de ser funcional, tenemos que cambiar el criterio recaudatorio, queremos dejar de estar supeditados a lo que la Federación nos dicte, muchas de las veces con fórmulas oscuras que ya no representan la realidad que vivimos como nación, lo potestad tributaria propia de la Federación, claro que puede ser compartida con los gobiernos de los estados, aquellos gobiernos deseosos de incrementar sus ingresos podrán coadyuvar con la recaudación de impuestos vigentes, pero compartidos, podrían tomar la decisión de participar con una parte proporcional del ISR o del IVA, buscando ampliar la base de causantes y la impositiva, eliminar las exenciones que den como resultado un incremento en los ingresos federales, logrando que la proporción recaudatoria de la nación pase del 10 al 11 o al 12% del PIB.
Al trasladar a los estados y municipios algunas facultades se podría lograr una independencia presupuestaria, mayor participación y compromiso de los autoridades estatales, que buscarían reducir sus gastos y trasferir esos ahorros a la inversión, tendría un mayor aliciente para combatir la evasión, elución y la corrupción buscarían depender menos de las aportaciones y las participaciones federales, que ahora podrían ser el complemento de una estructura vigorosa de estados más pujantes e independientes dejando la dependencia paternalista que pareciera ha caracterizado a este nuevo sistema de coordinación fiscal.
Agradezco al maestro Serafín Martínez Peralta por compartir las experiencias plasmadas en su libro “El sistema tributario mexicano, evolución y perspectivas”, y en amena charla educativa, haberme dado una inmersión en su propuesta de reforma, donde termina con este enunciado: Mientras no se revise el sistema tributario y se promueva una reforma de fondo, se revise el sistema de reparto a las entidades federativas y municipios.
