El Foro de Periodistas insiste en la convocatoria para participar en el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos en su XXIV edición.
Si establecimos que el Estado no debe interferir ni imponer de modo alguno la línea editorial de los medios de comunicación social, sean privados o públicos, también debemos conceder el mismo impedimento en el sector privado, con algunas diferencias que necesariamente deben ser anotadas.
El Estado, a diferencia del sector público, detenta el poder político en la comunidad. Esa fuerza del Estado es un instrumento que de manera indudable inhibe el ejercicio de la libre expresión de las ideas. Cualquier aspaviento del Estado se convierte en un ejercicio de autoridad, sea una orden, un contrato, incluso una declaración en los mismos medios de comunicación, adopta un cariz muy distinto que el acto de un particular.
Esto es así porque el Estado posee la fuerza pública, mediante la cual hace cumplir sus mandatos, sean legales o ilegales: el imperio es un acto que decidido poco repara en su legitimidad moral o legal.
Cierto es que la regla es la actuación legal en un estado de derecho, pero la excepción se transforma en un acto de especial gravedad, porque vulnera derechos ciudadanos en ocasiones de manera irreparable.
El particular carece de esa potestad legal de coacción. Para ejercer fuerza por sí mismo deberá violentar el principio de legalidad. Si ese particular siente que otro particular violenta sus derechos debe acudir a la instancia administrativa o jurisdiccional pertinente. No puede ni debe hacerse justicia por propia mano.
Para intentar hacer prevalecer sus intereses, el particular debe utilizar instrumentos que el mismo mercado le otorga, como la mercadotecnia. Buscará al medio de comunicación para difundir sus bienes y servicios en busca de lucro.
Difícilmente tiene afanes políticos. Esa probablemente es la excepción: vive del y para el mercado. Por ello, busca en el medio de comunicación nichos de audiencia, segmentos específicos, en busca de un equilibrio costo-beneficio.
Otra diferencia entre el Estado y el particular es que el recurso económico utilizado para la comunicación tiene un origen y un fin distinto. En el Estado, se trata de dinero proveniente de la población. Es dinero público que debe tener un uso que satisfaga el interés colectivo.
En el particular se trata de dinero proveniente de la venta de sus productos, margen de lucro que debe invertir de manera inteligente en estrategias de mercadotecnia, innovación, capacitación de sus empleados, y múltiples rubros. Difícilmente derrochará el recurso en otros menesteres.
No quiere decir esto que el sector privado carezca de intereses políticos. Pero estos, si desean ser satisfechos, deberán ser sufragados con su propio bolsillo. Grandes empresarios invierten en política, pero son la excepción. En su mayoría prefieren atender al mercado antes que a la voluptuosidad y capricho del ámbito político.
Luego entonces, en el Estado es mucha la tentación del uso de la coacción para influir en la línea editorial del medio de comunicación, por medio de recurso económico proveniente de los contribuyentes. Utiliza ese recurso público como condicionante para presionar la línea editorial. Pareciera esta, desafortunadamente, la regla general.
En el particular, por el contrario, la excepción es el uso de recursos para ese fin. Y si lo hace es por interés de proteger su inversión en la innegable pero excepcional colusión con el poder político. La regla es que usa al medio para difundir sus productos o servicios. Difícilmente orienta su inversión exclusivamente con fines políticos. Sería una excepción que confirma la regla.
http://robertopinon.blogspot.com
