Por: Javier Bernabé Fraguas
Los últimos días han sido demoledores para la política latinoamericana, especialmente en Argentina y Perú, posicionando a la región suramericana en posiciones avanzadas de inestabilidad y polémica vinculadas con dos de sus mandatarios. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de cárcel por corrupción y el presidente peruano Pedro Castillo, destituido y detenido.
La mandataria argentina ha sido condenada a seis años de cárcel y a la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público por administración fraudulenta durante su mandato, pero a la vez el juez instructor de su caso, Julián Ercolini, está involucrado en un escándalo político.
El diario Página 12 publicó informaciones contrastadas en las que se afirma que al juez le pagaron un viaje en avión privado en octubre a Bariloche para visitar la hacienda de Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri y multimillonario británico. En ese viaje estuvieron más jueces, también altos cargos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y directivos del Grupo Clarín. El escándalo surgió cuando se filtraron algunos chats de los invitados al viaje, en ellos el juez Ercolini escribió mensajes en los que proponía ocultar esa invitación por medio de facturas falsas. Si se propone falsificar facturas desde el estamento judicial y es éste el que juzga a la vicepresidenta por corrupción, la complicación del caso se hace patente y muy relevante.
Por otro lado, Pedro Castillo, ya expresidente de Perú, es detenido de forma preliminar durante siete días acusado de los delitos de rebelión y conspiración, por intentar disolver el Congreso peruano, decretar un gobierno de excepción y convocar elecciones al Congreso para votar una nueva Constitución. A partir de ahora si la Fiscalía pretende mantener al exmandatario en prisión deberá reunir suficientes pruebas en su contra que estén relacionadas con el delito de rebelión. La abogada penalista peruana Jackeline López hizo unas declaraciones a la revista “Perú Legal”, en las que afirmó que "La única justificación que tiene la Fiscalía para realizar esta detención es de la comisión en flagrancia del delito de rompimiento del orden constitucional". Pero la cuestión es que a Perú la disolución del Congreso le suena a Fujimori, que hizo lo mismo dando un autogolpe de Estado en 1992, y los fantasmas del pasado regresaron al imaginario colectivo.
Perú ha tenido seis presidentes en algo menos de cinco años. No hay país que aguante tal inestabilidad política sin que le pase factura, y eso es con lo que tuvo que lidiar Castillo en sus 18 meses de gobierno que le han pasado por encima como un tsunami.
La lista de exmandatarios peruanos con problemas con la justicia es imponente: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Alberto Fujimori y Alan García, que se suicidó antes de ser capturado, acusado de diversos delitos de corrupción.
Esta última sacudida política vuelve a hacer temblar a la región que permanece alerta ante la evolución de estos hechos durante los próximos días.
