Los avances durante la administración del presidente López Obrador son innegables, esta administración elevo a rango constitucional la pensión para adultos mayores, el apoyo universal a personas con discapacidad y el otorgamiento de becas a estudiantes de familias pobres; según el Coneval, la pobreza extrema pasó de 10.5% en 2018 a 8.5% en 2022; el aumento del 100% del salario mínimo en relación a 2018, y más, pero este proyecto continua y vamos nuevamente por una reforma eléctrica que beneficie a todos los mexicanos, no solo a unos cuantos, y por una pensión digna.
El proyecto de la Cuarta Transformación siempre estuvo trazado con un solo eje: el beneficiar a la población, a toda, no a una élite solamente. La inversión en infraestructura que el gobierno federal ha hecho es la más importante en décadas, se han construido o remodelado carreteras, aeropuertos, hospitales y escuelas.
En este sexenio a punto de concluir, se han otorgado créditos de Fovissste e Infonavit en beneficio de 2 millones de trabajadores y el programa de ampliación, reconstrucción y construcción de vivienda ha llegado a 317 mil familias; el Tren Maya, que costa de mil 500 kilómetros, conectará los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán.
Más allá de filias y fobias, estos logros no pueden ser regateados, aunque en los discursos la oposición lo haga, en la práctica saben que todos estos proyectos les han beneficiado a sus entidades, vaya, aunque “pendejeen” al gobierno federal, el beneficio es tangible porque los que están logrando el bienestar, son las personas trabajadoras de este país.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarará inconstitucional la reforma eléctrica, en un proceso, por decir lo menos, cuestionable, se presenta una oportunidad más a través del anuncio del presidente para enviar mañana al Congreso, otra reforma que permita tarifas competitivas para los consumidores, y para que por fin la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lleve a cabo el establecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional, y que la CFE se convierta en organismo del Estado responsable de su planeación y control.
De igual forma, dentro del paquete de iniciativas, se anunció una que busca elevar la aportación que el Gobierno aporta a las jubilaciones para así, incrementar el porcentaje con el que un trabajador se retira a los 65 años y que, con la ley actual ronda el 40% de su último salario y que busca que sea del 100% de su salario. El objetivo es crear un sistema de pensiones igualitario, justo y sostenible, que reconoce a la seguridad social como derecho humano, y que busca darle dignidad al retiro de esa población en México, contrario al desmantelamiento en los seguros sociales, dando paso a esquemas de ahorro individual, tal como se hizo en muchos países en los años ochenta, incluido México.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Recomendación 202, señala que la seguridad social es una herramienta importante para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y la inseguridad social, para promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y la igualdad racial y para apoyar la transición del empleo informal al empleo formal, y es con esa lógica bajo la cual este gobierno busca dar otro paso más hacia la garantía del bienestar de la población.
