Nuestra legislación ordena que los recursos económicos de que dispongan los entes públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, con base en criterios de legalidad, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género. Además define: Gasto Total como las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos; Eficacia como el logro de los objetivos y las metas programadas; Eficiencia como el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma; Ingresos Públicos como los recursos por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y los derivados de la venta de bienes y servicios y de financiamiento interno y externo. Efectividad es la suma sinérgica de eficacia con eficiencia. Nos preguntamos: ¿Cumplen los gobiernos con esta normatividad?
Para solventar los grandes desafíos nacionales, los gobiernos se aferran a reformas jurídico-políticas que han mostrado ser inefectivas por más de tres décadas. Las más recientes sólo han sido cambios legales y arengas demagógicas para regular los comportamientos de la población y la burocracia, ante síntomas perturbadores cuyas causas no se han atacado. Dichas reformas casi siempre se implementan (administran) mal y las leyes han devenido en letra muerta. Cierto que las leyes son obligadas para facultar y limitar la actuación de las autoridades, y para que tomen decisiones previsibles, pero no alcanzan para innovar ni para administrar problemas y oportunidades contingentes; basta con observar lo sucedido hasta la fecha con las reformas estructurales y el Sistema Nacional Anticorrupción… realmente poco qué celebrar.
La administración pública, en épocas de cambio vertiginoso, requiere abordarse con perspectiva sistémica, situacional y pragmática. Aquí aludiremos a algunas conductas, actitudes y decisiones que adoptan los políticos (principales) y los administradores (agentes), así como a los recursos implícitos y al impacto que se logra en la población.
Si la relación principal-agente se da armónicamente, las conductas relativas a el qué (lo político-jurídico) y a el cómo (lo administrativo-técnico), se producirá el valor público requerido por la población conforme a las circunstancias. En caso contrario, el gobierno se mantendrá incapaz, insolvente, descontrolado, opaco y…. corrupto.
En cuanto a lo político, cabe mencionar la alianza para el “Gobierno Abierto” hacia la gobernanza democrática -concertada en México por varias OSC y el gobierno federal en 2011- que involucra la colaboración ciudadana en el diagnóstico de los problemas, el diseño de las soluciones, su implementación, el monitoreo de los resultados de los programas y la evaluación de su impacto socioeconómico, con sustento en la transparencia, la rendición de cuentas y el sistema anticorrupción. En 2017, la publicación de actos de espionaje por parte del gobierno orilló a los representantes de la sociedad civil a renunciar a dicha alianza, dada la exacerbación de la desconfianza hacia el presidente y su evidente falta de liderazgo.
Administrativamente, un gobierno efectivo identifica y agenda las conductas citadas, y las orienta con políticas públicas pragmáticas y sistémicamente diseñadas, que se traducen en análisis de riesgos, diseño de procesos, implantación de sistemas y procedimientos operativos y de control, simultáneamente con la organización, concientización y capacitación de quienes serán responsables de ejecutarlas. La efectividad implica la aplicación óptima de los recursos públicos. Sobra señalar que mientras más limitados sean los recursos disponibles, como en el estado de Chihuahua, más difícil es gobernar y obtener resultados plausibles en anticorrupción e impunidad, seguridad, justicia, salud, educación, igualdad, etc.
Considero oportuno insistir en que la corrupción es multifactorial y no se resuelve sólo definiendo el qué (con normas religiosas, éticas, jurídicas, administrativas o culturales), sino también fortaleciendo el cómo (gobernando con liderazgos virtuosos, ejemplares, y administrando los recursos con procesos que contengan controles técnicos automáticos, que obliguen a los involucrados a respetar las reglas soberanamente establecidas).
La efectividad de las decisiones implícitas en los párrafos anteriores, amén de su calidad técnica, es función de su aceptación por los involucrados, lo cual exige desarrollar el liderazgo de políticos y funcionarios, fundado en la confianza de los seguidores. La corrupción es, sin duda, la principal causa de desconfianza y, por ende, de liderazgos espurios.
En suma, una vez fijados los objetivos políticos y la normatividad institucional para beneficiar a la población, hacia el interior del gobierno se requiere implementar medidas técnico-administrativas que, en forma automática, vinculen los controles incorporados en los procesos operativos diseñados ex profeso para tales propósitos. Ello, a través del uso de las tecnologías de información y comunicaciones, optimizando los sistemas contable y presupuestario, en combinación con otros que fuerzan la legítima administración de los recursos en todos los niveles y áreas, así como las relaciones adecuadas con los distintos usuarios. Así, los servidores públicos se verán obligados a respetar las “reglas del juego del sistema”.
Concluyo sugiriendo que “gobernar” es hacer política para propiciar democráticamente equilibrios sociales entre sectores e intereses; es liderar con sensibilidad, para que todos contribuyamos entusiasta y motivadamente a alcanzar los objetivos públicos propalados; es administrar con efectividad los recursos públicos para lograr que las cosas sucedan; y es innovar introduciendo los cambios que las circunstancias demandan, y por la incursión de las juventudes con nuevas formas de pensar y actuar, aprovechando las tecnologías que aseguran el buen éxito de las decisiones pertinentes.
Comento el Balance de Resultados del primer año de gobierno de Javier Corral, por estar íntimamente relacionado con el tema aquí tratado. Creo que su ataque a los corruptos es encomiable y aporta a la recuperación de la confianza en las instituciones que tanto nos hace falta. Además, el programa de austeridad y la renegociación de la deuda con bancos eran obligados, porque “cuando no hay… no hay”. Parece ser que la solución del problema del transporte colectivo va por buen camino y, lamentablemente, la violencia y la inseguridad se han incrementado por diversos motivos -que aquí no analizamos- y para su combate es evidente la falta de recursos y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
