/ jueves 23 de agosto de 2018

Vox populi, vox dei, o sea: el pueblo no se equivoca... salvo cuando sí


Dejad pensar al pueblo que gobierna y se dejará gobernar. -William Penn (1644-1718)


La participación ciudadana es característica de las democracias directas; se da cuando la sociedad interviene parcialmente en los asuntos públicos y en las decisiones del Estado relativas a la formulación y evaluación de políticas públicas y de control de la gestión gubernamental. Hay diversos mecanismos, pero aquí sólo consideraremos la “consulta ciudadana”.

Son requisitos para la efectividad de la participación ciudadana: el respeto de las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Es evidente que en México no se satisfacen estas condiciones.

Dadas las consultas ciudadanas convocadas por AMLO para detectar propuestas sobre la inseguridad y violencia, la reforma educativa, el AICM y otras que se acumulen, aquí discurro sobre la conveniencia de incorporar la opinión popular en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la formulación (o validación) de políticas públicas en ésos y otros tópicos relevantes.

La premisa de este análisis es que cada individuo toma decisiones conforme su percepción del entorno y su visión de un mejor futuro, por lo que asumo que el pre-presidente intentará llevar a cabo lo que ha estado proclamando. No emito juicios sobre sus actos, sino cuestiono la viabilidad de sus decires.

Reitero enfáticamente que me motivan los objetivos propalados por el tabasqueño, pero creo que su factibilidad no se compadece con la realidad socioeconómica ni con la salud de las finanzas públicas del país. Elegimos a AMLO pues coincidimos en que “primeros los pobres en beneficio de todos” es un imperativo para lograr justicia y libertad social, porque lo consideramos un político decente de tiempo completo, con pasión y propósito en el ejercicio del poder; pero, en lo personal, discrepo de la ingente cantidad de proyectos y medidas en que se basarán las políticas públicas de su sexenio. No tendrá tiempo, dinero ni talento suficientes para su exitosa ejecución y, además, las instituciones están débiles.

Al gobernante frecuentemente se le presentan dilemas que confrontan sus valores personales con las responsabilidades de su función. O se gobierna bien o se gobierna mal, ese es el meollo del asunto; el único juicio válido es el “político”: el relativo a la adecuación del medio al fin. Según Gramsci, los valores esenciales de la política son “tener éxito en lo que se propone” y “mantenerse fieles a los compromisos”. O cumplo mis promesas ante quienes me eligieron o actúo conforme a mi moral subjetiva. El riesgo de la “declaracionitis” -basada en ocurrencias utópicas y pautas moralistas- es que la ciudadanía perciba, en los momentos de la verdad, que una vez más se le está dando atole con el dedo.

Parece que el electo ya se percató del exiguo margen de maniobra con que cuenta, y la táctica de las “consultas ciudadanas” le permitirá enmascarar su responsabilidad por el posible incumplimiento de sus promesas, con el argumento de que las decisiones las tomó o las validó el pueblo y éste no se equivoca.

Para cumplirle a la sociedad, es imperativo que el tabasqueño decida -de manera muy enterada, prudente y sensible- cuáles políticas públicas responden a criterios de calidad técnica y cuáles a la aceptación popular, ya que las cuestiones de fondo (seguridad, salud, educación, corrupción, comunicaciones, finanzas públicas, etc.) exigen, quizá, más los conocimientos y el talento de pocos expertos, que una masiva votación de voluntariosos idealistas. Casuísticamente, es deseable un equilibro pragmático.

Más allá de la legalidad y el diseño operativo de las consultas ciudadanas, emerge la pregunta sobre quién será el responsable de las decisiones ejecutivas federales más importantes durante el próximo sexenio: ¿Será AMLO, a quien elegimos para tales efectos?, ¿será el pueblo (que no se equivoca), el cual ciertamente no cuenta con los elementos ni con el conocimiento para decidir sobre temas tan complejos?

Cuando se nos convoque (¿a votar a mano alzada?) habremos de optar por premiar a la opción más simpática o a la más efectiva. Al final, parece que el pueblo tendrá la última palabra. ¿Usted qué opina?



Dejad pensar al pueblo que gobierna y se dejará gobernar. -William Penn (1644-1718)


La participación ciudadana es característica de las democracias directas; se da cuando la sociedad interviene parcialmente en los asuntos públicos y en las decisiones del Estado relativas a la formulación y evaluación de políticas públicas y de control de la gestión gubernamental. Hay diversos mecanismos, pero aquí sólo consideraremos la “consulta ciudadana”.

Son requisitos para la efectividad de la participación ciudadana: el respeto de las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Es evidente que en México no se satisfacen estas condiciones.

Dadas las consultas ciudadanas convocadas por AMLO para detectar propuestas sobre la inseguridad y violencia, la reforma educativa, el AICM y otras que se acumulen, aquí discurro sobre la conveniencia de incorporar la opinión popular en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la formulación (o validación) de políticas públicas en ésos y otros tópicos relevantes.

La premisa de este análisis es que cada individuo toma decisiones conforme su percepción del entorno y su visión de un mejor futuro, por lo que asumo que el pre-presidente intentará llevar a cabo lo que ha estado proclamando. No emito juicios sobre sus actos, sino cuestiono la viabilidad de sus decires.

Reitero enfáticamente que me motivan los objetivos propalados por el tabasqueño, pero creo que su factibilidad no se compadece con la realidad socioeconómica ni con la salud de las finanzas públicas del país. Elegimos a AMLO pues coincidimos en que “primeros los pobres en beneficio de todos” es un imperativo para lograr justicia y libertad social, porque lo consideramos un político decente de tiempo completo, con pasión y propósito en el ejercicio del poder; pero, en lo personal, discrepo de la ingente cantidad de proyectos y medidas en que se basarán las políticas públicas de su sexenio. No tendrá tiempo, dinero ni talento suficientes para su exitosa ejecución y, además, las instituciones están débiles.

Al gobernante frecuentemente se le presentan dilemas que confrontan sus valores personales con las responsabilidades de su función. O se gobierna bien o se gobierna mal, ese es el meollo del asunto; el único juicio válido es el “político”: el relativo a la adecuación del medio al fin. Según Gramsci, los valores esenciales de la política son “tener éxito en lo que se propone” y “mantenerse fieles a los compromisos”. O cumplo mis promesas ante quienes me eligieron o actúo conforme a mi moral subjetiva. El riesgo de la “declaracionitis” -basada en ocurrencias utópicas y pautas moralistas- es que la ciudadanía perciba, en los momentos de la verdad, que una vez más se le está dando atole con el dedo.

Parece que el electo ya se percató del exiguo margen de maniobra con que cuenta, y la táctica de las “consultas ciudadanas” le permitirá enmascarar su responsabilidad por el posible incumplimiento de sus promesas, con el argumento de que las decisiones las tomó o las validó el pueblo y éste no se equivoca.

Para cumplirle a la sociedad, es imperativo que el tabasqueño decida -de manera muy enterada, prudente y sensible- cuáles políticas públicas responden a criterios de calidad técnica y cuáles a la aceptación popular, ya que las cuestiones de fondo (seguridad, salud, educación, corrupción, comunicaciones, finanzas públicas, etc.) exigen, quizá, más los conocimientos y el talento de pocos expertos, que una masiva votación de voluntariosos idealistas. Casuísticamente, es deseable un equilibro pragmático.

Más allá de la legalidad y el diseño operativo de las consultas ciudadanas, emerge la pregunta sobre quién será el responsable de las decisiones ejecutivas federales más importantes durante el próximo sexenio: ¿Será AMLO, a quien elegimos para tales efectos?, ¿será el pueblo (que no se equivoca), el cual ciertamente no cuenta con los elementos ni con el conocimiento para decidir sobre temas tan complejos?

Cuando se nos convoque (¿a votar a mano alzada?) habremos de optar por premiar a la opción más simpática o a la más efectiva. Al final, parece que el pueblo tendrá la última palabra. ¿Usted qué opina?