Durante más de treinta años, nuestros gobernantes han prometido resolver los grandes problemas socioeconómicos colectivos mediante diversas reformas jurídico-políticas, cuyos efectos han sido mediocres. No han cumplido por la grave corrupción, la falta de talento para administrar su complejísima implementación, sus altos costos y la discutible legitimación del poder público.
La Declaración de Principios de Morena y su propuesta de nuevo modelo económico, de orientación democrática y progresiva, plausiblemente pretenden favorecer más a la población mayoritaria compuesta por pobres; sin embargo, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
A mi juicio, la problemática requiere abordarse con perspectiva sistémica, para direccionar las conductas, actitudes y decisiones de los políticos (principales) y los administradores (agentes), en aras de mejorar efectivamente la calidad de vida de más de 50 millones de mexicanos.
Si la relación principal-agente se da armónicamente, se hacen congruentes y complementarias las conductas relativas al qué (lo político, sustantivo) y al cómo (lo administrativo, adjetivo), de tal manera que si el qué –con enfoque externo hacia la población (misión, objetivos, valores, leyes, políticas públicas, etc.)- no se implementa adecuadamente con el cómo -enfocado hacia el funcionamiento interno de las organizaciones gubernamentales-, el gobierno no cumplirá ante la ciudadanía y continuará inefectivo, insolvente, descontrolado, opaco y corrupto.
La solución de fondo es gobernar hacia adelante, liderar con una visión clara del futuro anhelado y una cultura de innovación y calidad, implementada con medidas pragmáticas sistémicamente diseñadas, derivadas del análisis de riesgos, el diseño de procesos y estructuras, la implantación de sistemas y procedimientos operativos y de control, junto con la integración y el desarrollo del personal que será responsable de su arranque y operación subsiguiente.
Para cumplir sus promesas, el nuevo gobierno requerirá transformar varias instituciones normativas y organizacionales, so pena de preservar el statu quo desastroso que nos aqueja. Además, una vez fijados los objetivos para beneficiar a la población -mediante leyes, programas y presupuestos- hacia el interior, reitero enfáticamente, serán indispensables los mecanismos que, en forma automática y a fortiori, hagan vinculatorios los controles incorporados en los procesos operativos diseñados ex profeso. Así, los servidores públicos acatarán las “reglas del juego del sistema” en forma transparente y evidente. Ello, con Tecnologías de Información que apoyen el “Gobierno Abierto”, la prestación de servicios y la administración interna (Ejm.: sistemas contable y presupuestario, ERP, CRM, internet, etc.).
La efectividad de las decisiones ante la legislación vigente depende de su calidad técnica y de su aceptación por los afectados. Con frecuencia se contraponen ambos criterios; según Max Weber, los políticos, ante un dilema, suelen optar por la aceptación (ética de la convicción); los funcionarios técnica y científicamente especializados, por la calidad (ética de la responsabilidad).
Para que su gobierno le cumpla a la sociedad, es imperativo que AMLO decida de manera muy prudente y sensible cuáles políticas públicas se deben diseñar e implementar con criterios de calidad y cuáles con enfoque de aceptación, ya que las cuestiones de fondo (salud, educación, finanzas públicas, política monetaria y fiscal, fuerza pública, etc.) exigen, quizá, más la sapiencia y el talento de pocos expertos, que una masiva votación de voluntariosos idealistas. Casuísticamente, es deseable el equilibro pragmático.
Concluyo sugiriendo que un “gobierno cumplidor” hace política para propiciar acuerdos entre sectores e intereses disímiles, administra e implementa para hacer que las cosas sucedan, y lidera para que todos contribuyamos motivadamente a lograr los objetivos públicos propalados.
Si lo anterior es medianamente cierto, AMLO se sacó la rifa del tigre… ¿o no?
