El Sistema Nacional Anticorrupción: ¿Política gatopardista?
Eloy Espinosa
"Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie" - G.T. di Lampedusa (1896-1957)
"Vamos a barrer la corrupción del gobierno, de arriba para abajo, y voy a dar el ejemplo” - AMLO 2018
A más de dos años de promulgadas las leyes anticorrupción se han evidenciado los defectos de diseño institucional del sistema y la utopía de su adecuada implementación: los corruptos en el poder se oponen. Con este SNA es casi imposible fijar una visión sensata a mediano y largo plazos, tomar las decisiones estratégicas pertinentes, coordinar la parafernalia de entes públicos y privados responsables por ley, definir procesos operativos y de control efectivos para desmantelar la plataforma de corrupción e impunidad imperante y, a la vez, resolver los copiosos y variadísimos casos específicos cotidianos.
Los resultados de la operación del SNA, a la fecha, son patéticos. Tampoco han funcionado el impulso a leyes de acceso a la información, el endurecimiento de sanciones y la adopción de códigos de ética. Persisten los sobornos atomizados para facilitar los trámites y conseguir la provisión de servicios públicos; proliferan ingentes rapacidades de los políticos: los “moches” por el ejercicio discrecional del Ramo 23, el “dinero bajo la mesa” para campañas electorales, 16 exgobernadores en problemas penales por descomunales corruptelas, la “casa blanca”, el caso Odebrecht, la “Estafa maestra” y un largo etcétera, con lo cual México ocupa la posición 135 de 180 países evaluados, en materia de corrupción.
El fiasco del oneroso SNA es inaceptable, ya que el binomio corrupción/impunidad amenaza a la democracia, es un “impuesto” regresivo que grava con más del 20% el ingreso de los hogares pobres y abona a las grandes desigualdades por las diferencias de ingreso, educación, información, étnicas, de género, o de acceso al poder político, todo lo cual, a su vez, promueve la inseguridad social y la violencia.
Ante esta vergonzosa situación, sociedad y gobierno debemos atacar sus causas, colaborando en la definición de objetivos y procesos “enforzables” e innovadores, eliminando su pesada burocracia y el galimatías jurídico del SNA que, veladamente, apoyan la inefectividad gubernamental, el clientelismo, el cuatismo, el corporativismo, los privilegios y otras características de nuestra debilidad institucional.
No existe una receta universal para combatir este nefasto binomio: es sistémico y situacional, de manera que corroe de manera diferente la vida comunitaria, dependiendo del entorno de cada lugar y época. Las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales y del medio ambiente físico le dan fisionomías sui géneris al fenómeno, por lo cual las leyes, políticas y reglas centralizadas no son viables en la mayor parte del territorio nacional (regiones, estados, municipios, y poblaciones urbanas y rurales). El cambio barroco implícito en el SNA es, a mi juicio, un nítido ejemplo de gatopardismo.
El Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua no se ha homologado al nacional, ya que es indispensable diferenciar las reglas para Cd. Juárez, la capital, las poblaciones medianas y pequeñas y, desde luego, la extensa área serrana dominada por los narcos. El SNA desdeña las particularidades de nuestro estado.
¿Ingenuamente? sugiero que las políticas anticorrupción deben atenuar las asimetrías de poder e impulsar el trato imparcial a todos los ciudadanos en sus relaciones con las instituciones públicas. El buen gobierno y el compromiso y liderazgo claro y decidido de los políticos son condiciones indispensables para combatir este cáncer social, cuyo costo para el país se calculó en más de $347 mil millones en 2017.
Además, se necesita el trabajo de profesionales expertos para mapear y precisar las causas y amenazas del problema, así como para diseñar soluciones concretas técnicamente viables, pragmáticas -insisto-, desde la perspectiva sistémica y situacional. Su implementación adecuada requiere de tiempo, recursos, tecnología de punta, información ad hoc y, especialmente, de operadores con autoridad moral y legal, tales como fiscales, auditores y jueces idóneos (probos, efectivos, con autonomía: mental, política, de gestión, técnica y presupuestaria), lo cual implica el relanzamiento del Servicio Profesional de Carrera.
Todos ellos (políticos, expertos y operadores) armonizarán sus talentos y esfuerzos, acatando la normatividad jurídica y administrativa, y los procesos de evaluación, monitoreo y control, montados sobre una moderna plataforma de tecnología de la información y comunicaciones.
Claro que el barrido y el ejemplo personal de AMLO son muy importantes… pero insuficientes, ¿o no?
