El fin de semana pasado empezó una nueva etapa en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de nuestro país, con importantes repercusiones en las perspectivas políticas de aquí al 2024. El rechazo de la pretendida reforma constitucional de la industria eléctrica deja lecturas interesantes: a mi juicio, la principal, la unión mostrada entre el bloque opositor compuesto por el PRI, PAN, PRD y MC.
A pesar de los intentos de Morena y sus aliados por minar a la oposición, ésta mostró disciplina y convicción para defender a México ante una reforma que sería desastrosa para el país. Esto dio paso a un interesante escenario de una posible alianza opositora en la cada vez más próxima elección presidencial.
Por otro lado, muy lamentable el manejo de tildar como “traidores a la patria” a los diputados opositores, que por cierto es una violación a la ley, y abona a la polarización y violencia política orquestada desde el púlpito presidencial cada mañana. Tener una visión diferente de país y pensar diferente es parte fundamental de la democracia y la pluralidad.
En su último desplante, y en una clara maniobra para tratar de minimizar ante la opinión pública su derrota política sufrida en la Cámara de Diputados, el presidente de la república lanzó la absurda Ley Minera (burdamente denominada AMLITIO), cuyo objeto principal es nacionalizar el litio. En otras palabras, es simplemente un petardo, fuegos artificiales que intentan distraer y mover la narrativa hacia otro lado que no sea su fracaso con la fallida reforma constitucional en materia eléctrica, que por cierto, si somos rígidos en los resultados de sus artimañas, sería la segunda derrota en menos de un mes, pues también le fue muy mal con su “revocación de mandato”.
Retornando a esta nueva Ley Minera, para efectos prácticos, tiene la misma utilidad que los tapetes sanitizantes, es decir, no sirve para nada, más que para mandar un mal mensaje a la comunidad internacional. Lo anterior por tres simples razones:
Primero, nacionaliza algo que ya es de la nación, pues hoy la constitución establece claramente que las riquezas del subsuelo, YA SON propiedad de la nación. Segundo, prohíbe la explotación del mineral a empresas nacionales o extranjeras, cosa innecesaria, pues hoy, para la usufructo de cualquier mineral se requiere de una concesión, es decir, del “permiso” del gobierno federal, y por ello basta con no otorgar ninguna concesión para la explotación del litio, no es necesaria esta ley.
Tercero, se está sobrevalorando el potencial que México tiene en este tema. Cierto que hay yacimientos, el principal hasta hoy encontrado en Sonora. Sin embargo, a diferencia de los yacimientos de los países hoy productores de litio para usos industriales, el caso de Sonora, el mineral se encuentra en rocas arcillosas, y hoy en día no tenemos la tecnología que sea financieramente rentable para su aprovechamiento. Para cuando esto sea viable (se calcula en unos 10 años), la ventana de oportunidad del “oro blanco” ya habrá pasado.
En cambio, de manera clara “ganaremos”: primero, la creación de una nueva estructura burocrática que sólo costará más del dinero que pagamos con nuestros impuestos y que no generará ningún beneficio para el país. Segundo, una mala imagen hacia los inversionistas nacionales y sobre todo extranjeros, estamos avisando sl mundo que en México empezaron las “nacionalizaciones”.
No dudemos que, tras el próximo berrinche presidencial, veamos en las noticias que por nuestra soberanía, ahora se nacionalizará el agua de horchata… Ahí la dejo.
