Tenemos unos cuantos días de arranque “formal” de las campañas electorales federales, y subrayo la palabra “formal” porque las campañas de algunos de los principales jugadores de esta contienda, en la práctica, iniciaron hace -incluso- años, en claro incumplimiento del marco legal en materia electoral.
La realidad política de nuestro país rebasó la ley y a las instituciones encargadas de hacerlas cumplir; esto nos invita a reflexionar las acciones que tenemos que hacer como sociedad, gobierno y órganos legislativos hacia adelante para: o adaptar la ley a la realidad política de nuestro país, o bien proveer de “dientes” a los órganos electorales para que en verdad puedan aplicar sanciones ejemplares a cualquier “jugador” que cometa infracciones durante el proceso.
Creo que uno de los peores mensajes que se mandan a la sociedad y a los actores políticos, es que también hay impunidad electoral en nuestro país, y que la ley no se aplica a cabalidad, una arista más de la debilidad del Estado de Derecho.
Esto es solo uno de los varios elementos que configuran una serie de retos y amenazas que tenemos frente a nosotros, y que claramente atentan contra el desarrollo democrático que tanto esfuerzo ha costado a los mexicanos construir.
Desde el mismo poder, ha habido distintas iniciativas orientadas a dinamitar el entramado institucional que brinda los contrapesos que fundamentan la vida democrática, y que evitan transitar hacia un modelo autoritario, el cual pareciera ser la principal aspiración y enfoque del grupo hoy en el ejercicio del gobierno a nivel federal.
Al no prosperar estas iniciativas, por no contar con las mayorías calificadas en las cámaras de diputados y senadores, hoy los esfuerzos se centran en influir de manera ilegal en el ánimo electoral de la sociedad, mediante prácticas que bien podríamos calificar como una elección manipulada por el estado.
Otra amenaza al estado democrático en nuestro país, es el clima de violencia generalizado, que, si bien se acentúa en ciertas regiones, ningún rincón de México está ausente de este lamentable fenómeno.
Lo anterior, enciende las alarmas de regresión democrática, y la única herramienta que como ciudadanos tenemos para mitigar este grave riesgo es la promoción de la más amplia participación ciudadana en el proceso electoral, y en ello está enfocada toda la energía de COPARMEX.
Respecto a las contiendas electorales, como sector productivo tenemos la expectativa de que se lleven a cabo de manera civilizada, enfocada en la propuesta más que en la descalificación del adversario, condición difícil de cumplir ante un ambiente altamente polarizado, generado y alimentado diariamente desde el mismo púlpito presidencial.
Por ello, considero trascendental para nuestro país que los aspirantes se enfoquen en propuestas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos, y que eviten las desgastantes grillas y polarización que tanto han impactado la confianza y apertura de la sociedad.
Una necesidad urgente de la población es saber cómo abordarán los candidatos los problemas reales. Es decir: cómo van a mejorar la educación, crear empleos, atender la inseguridad y garantizar acceso a la salud; dudas hay muchas y los estos deben responder a esas preocupaciones.
Finalmente, quiero invitar a los ciudadanos a no sólo ser espectadores, sino involucrarse activamente en el proceso electoral, porque la democracia se fortalece cuando la ciudadanía se informa y participa, incluso como observadores electorales o aceptando el privilegio de ser funcionario de casilla.
El Bien Común está por encima de todo y esa es una premisa que deben adoptar no sólo los ciudadanos sino los aspirantes; pues la política es una herramienta para construir un México mejor.
Ing. Industrial y de Sistemas, Presidente de Coparmex en Chihuahua
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