Gilberto Sánchez Esparza
Ex Consejero Electoral del IEE
Twitter: @CiudadanoMX24X7
ANTECEDENTES
En los últimos cincuenta años, las reformas electorales en México han sido planteadas desde la oposición, no desde el gobierno en turno. Los motivadores han sido de diversa índole, pudiendo listar a manera de ejemplos, el buscar representación de las minorías en el congreso (1977), arrebatar al gobierno la organización de las elecciones (1990), modificar el modelo de comunicación política (2007), y otros. Todas las reformas han sido producto del consenso de las fuerzas políticas, y nunca han sido impuestas por una mayoría sorda. También es importante señalar que estas reformas han sido aprobadas, siempre, antes de una elección intermedia, como se puede apreciar en los ejemplos antes mencionados, nunca se han organizado elecciones presidenciales con reglas nuevas, como se pretende ahora.
ANALIZANDO LA INICIATIVA
En la exposición de motivos se encuentran muchos juicios de valor a la ligera, lugares comunes y afirmaciones temerarias sin sustento, como por ejemplo: “…Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad…”; esto ya lo hacen el INE y los institutos electorales locales (OPLES), y si alguien lo duda sólo hay que ver los resultados electorales desde el 2015 a la fecha.
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS
Este es un punto que merecería una reflexión aparte, y sobre el que ya se ha escrito bastante. Se plantea limitar el financiamiento público a los partidos políticos a los gastos de campaña, dejando fuera el financiamiento ordinario. Esto es una navaja de doble filo; si bien es cierto que una buena parte de la ciudadanía no ve con buenos ojos a los partidos, y no está de acuerdo en que se les otorguen miles de millones de pesos cada año. El quid del asunto es: ¿de donde sacarán recursos los partidos para cubrir los gastos de personal, oficinas, etc.? La iniciativa propone que sean los militantes y simpatizantes quienes aporten, pero al mismo tiempo se abre la posibilidad (sin que podamos asegurar que no esté ocurriendo ya) para que dinero proveniente de algún nivel de gobierno, de empresas, o del crimen organizado, puedan llegar a los partidos. En el excelente texto de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde “Dinero bajo la mesa”[1] se exponen diversas prácticas mediante las que fluye dinero ilegal a los partidos o campañas políticas, y cómo logran que no pueda ser fiscalizado por ninguna autoridad.
PUNTOS POSITIVOS DE LA INICIATIVA
Como cualquier iniciativa, se tienen puntos que podemos considerar positivos, entre los que destacan:
· Disminución de 500 a 300 diputaciones federales, sin que se entienda que desaparecen las de representación proporcional (plurinominales), ya que es lo contrario, se elegirían por listas en cada estado y no por distrito, basado en la cantidad de curules correspondientes a la población (para Chihuahua serían 9).
· Disminución de 128 a 96 senadurías, 3 por estado. También se elegirían por listas y se utilizaría la fórmula de cociente natural y resto mayor.
· Con estos dos puntos se reduciría bastante la sobre y sub representación que generan asimetrías entre votos y curules / escaños.
· Utilización del voto electrónico. El uso de la tecnología traería varios beneficios: baja en el costo de las elecciones, inmediatez en los resultados, disminución de errores en actas y recuentos, entre otros. Aunque el documento no menciona al estado de Chihuahua, y sí menciona a otras entidades, Chihuahua es pionera en el uso de urnas electrónicas y voto por internet, con varios ejercicios exitosos de 2019 (plebiscito sobre alumbrado público), varios presupuestos participativos y la actual consulta ciudadana. Otro punto importante es que el INE ya cuenta con un sistema para recibir voto electrónico por internet, por lo que la inversión sería mínima y puede implementarse a la brevedad.
· Reducción de integrantes en los congresos locales. Se propone una conformación de acuerdo la población de cada entidad, con un mínimo de 15 y un máximo de 45 diputaciones por entidad. El promedio nacional de disminución sería de 41%, y en el caso particular de Chihuahua la disminución sería de un 40% (de 33 a 20 diputaciones). La elección sería también por listas y no por distritos.
· Para el caso de las regidurías en cada municipio del país también hay una reducción. En el caso de Chihuahua podría generar situaciones absurdas. Se genera una escala para asignar 1, 3, 5, 7 y 9 regidurías de acuerdo a la población de cada municipio, como ejemplos podemos mencionar a Juárez que tendría 9, Chihuahua 7, y 61 municipios tendrían un solo regidor. No sé si para la mayoría de los municipios del país sería bueno o malo, pero sería inédito.
· Se propone que todos los estados tengan al menos dos elecciones en concurrencia con las elecciones federales (actualmente es obligatorio sólo una).
· Elimina del Consejo General del INE a los Consejeros del poder legislativo, menos personas implican menos discusiones, ya los partidos están representados en el Consejo General.
PUNTOS NEGATIVOS
En estos puntos están los más grandes obstáculos para su aprobación por la oposición:
· La propuesta de reemplazar al INE por el INEC no tendría mayor trascendencia si no fuera porque plantea reemplazar a las y los integrantes del Consejo General. Elegir a sus integrantes mediante voto directo a una lista de 60 aspirantes (20 propuestas por cada poder) implica que el presidente y sus aliados tendrían el control de más de las dos terceras partes de esas listas. Para el Tribunal Electoral sería un mecanismo similar. Hacer este ejercicio de selección cada 6 años justo antes de la elección presidencial le da un poder muy grande al presidente en turno, un gran retroceso. Recordemos que actualmente se van dando relevos escalonados cada 3 años mediante una selección por parte de un comité técnico plural, quien realiza la revisión de perfiles y entrevistas para finalmente hacer ternas que propone a la cámara baja. Aquí cabría preguntar porqué el presidente no propuso un mecanismo similar para designar a Ministros y Ministras de la SCJN, integrantes de su gabinete, titular de la CNDH, etc. Trabajos tan especializados como los electorales requieren de expertos, no de gente popular que gane una elección.
· Elimina a los OPLES, trasladando sus facultades al INEC, esto de entrada implicaría un crecimiento tremendo para este último, pues no hay manera en que pueda cumplir tareas como diseño de documentación registro de candidaturas, cómputos, etc. El supuesto ahorro es una falacia.
· Elimina los 300 distritos electorales y a su personal especializado, reemplazándolos por órganos temporales que funcionarían sólo en cada proceso electoral. Este personal permanente es donde se encuentran los expertos que conocen el territorio y las tareas sustantivas. Implicaría ir a cada elección con principiantes que cometerían errores y pondrían en riesgo cada elección.
· Elimina a los Tribunales Electorales, que si bien podría mejorarse el proceso de selección de las magistraturas, hacen bastante trabajo en las elecciones locales e instrumentos de participación ciudadana.
· Baja el mínimo de participación para hacer vinculante una Revocación de Mandato al 33%, creo que es muy bajo para algo de tan grande impacto.
CONCLUSIONES
La propuesta tiene aspectos rescatables, que podrían ayudar en mejorar la representación plural, así como bajar el costo de los procesos electorales con el uso de la tecnología. La manera de elegir a las 7 personas que integrarían el Consejo General del INEC es regresiva.
Con el ambiente de polarización en el que se encuentran los partidos de oposición y los aliados del régimen será muy complicado que se apruebe.
[1] https://dinerobajolamesa.org/wp-content/uploads/2018/05/Dinero-Bajo-la-Mesa.-Financiamiento-y-Gasto-Ilegal-de-las-Campa%C3%B1as-en-M%C3%A9xico.pdf
