Por: Juan Humberto Ortiz
Una crisis fiscal ocurre cuando el déficit en las finanzas públicas supera claramente el 3% del PIB, con un déficit creciente en el tiempo. Y ya que México tiene una deuda pública muy cercana al límite razonable (dado el nivel de la recaudación), ese nivel de déficit durante tres años complicaría terriblemente las cosas para las finanzas públicas.
En los últimos 18 meses nos hemos acercado mucho a ese 3%, sin consecuencias aparentes. La razón, sin embargo, es que el gobierno ha recurrido a una contracción extraordinaria del gasto, rayando en lo criminal. El gasto se ha reducido impidiendo ofrecer educación, salud y seguridad pública adecuadas a todos los mexicanos. Por añadidura, ha reducido el gasto de Agricultura en 40%, de Comunicaciones y Transportes en 60%, de Economía en 80%. Como esto no alcanza, la caída también ocurre en procuración de Justicia (-15%), en Seguridad Pública (-35%), incluso en Educación (-12%). Sólo crece el presupuesto de los caprichos presidenciales (energía, trabajo, bienestar y Tren Maya, digo, turismo).
Habría dos opciones para recuperar el nivel de gasto del gobierno: Primero, eliminar las transferencias a Pemex y, segundo, ser transparente con el déficit, que estaría rondando el 4% del PIB. Lo primero haría a Pemex insalvable; lo segundo eliminaría el grado de inversión del país.
Este año podría salvarse eliminando el subsidio a gasolinas y diésel, pero los siguientes ya no. Sin hacer nada, simplemente por la dinámica demográfica (pensiones), las deficiencias de Pemex y CFE, el gasto estructural, la inercia y el impacto de tasas de interés crecientes, el déficit público sería de 5% para 2023 y de casi 6% para 2024, simplemente manteniendo un gasto programable equivalente al promedio de 2000 a 2018.
Como método para evitar que estos problemas se hagan evidentes, López Obrador está ahorcando toda la gestión pública, en lo que él llegó a calificar de “pobreza franciscana”. Pagan salarios, pero prácticamente nada más. No hay papelería, no hay gasolina para los autos, no hay manera de que se cumplan funciones básicas del gobierno.
Considerando lo anterior, el PIB sería, en 2024, inferior al que tuvimos en 2018. El resultado del gobierno en este sexenio sería negativo, en cuestión económica. Para el resto del año, no se percibe alguna razón para crecer. El gran motor, que son las exportaciones, depende mucho de la industria manufacturera estadounidense, que en junio tuvo ya una caída mensual.
Las posibles soluciones de mediano y largo plazo serían, la reinstalación de la reforma energética y promocionar agresivamente los capitales que se están relocalizando desde China. Pero esto no cabría en la tozudez presidencial. Si no se vuelve a la cordura en el caso de la aplicación del gasto gubernamental, los problemas seguirán agravándose hasta un punto catastrófico, que aun si pretendemos solucionarlo después de cambiar democráticamente la ideología en el poder actualmente, tomaría décadas solucionar el retraso cometido en este sexenio. De continuar las mismas políticas, iríamos directo al precipicio.
