La promesa de López Obrador de pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana empieza a ser una preocupante realidad para la economía nacional.
El decreto presidencial que ordenó el ajuste del 75% a los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto del gasto público federal para lo que resta del año empezó a aplicarse desde el 22 de mayo por la SHCP.
Son 58 programas los que serán afectados en la prestación de servicios y suministros como siete de la Semarnat, entre ellos el programa de atención a emergencias y desastres naturales. Ello para celebrar al parecer el Día Internacional del Medio Ambiente, pues además hasta pretenden desaparecer el Fonden.
En educación peligra la producción y distribución de los libros de texto gratuito, los cuales dependen casi en su totalidad de los capítulos ya citados.
Si el año pasado hubo fallas en la edición y entrega de los textos escolares debido a problemas de logística, ahora con los recortes presupuestales serán mayores las carencias de este material básico para la educación básica.
Otros programas afectados son los de protección a los derechos humanos, la adquisición de la leche distribuida por Liconsa, el de internet gratuito para todos, la infraestructura gubernamental de seguridad pública y el aprovechamiento sustentable de la energía.
“Cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde”, reza el conocido refrán, muestra de lo cual es el recorte para las actividades de ayudantía y logística presidencial. Al parecer la austeridad no se aplicará a las giras presidenciales, las que ya reanudó AMLO pese a que la mayoría de las entidades están padeciendo el pico más alto de la pandemia Covid-19.
Bueno, hasta la evaluación de los programas sociales de la 4T está en riesgo de no operar por falta de recursos, lo que no deja de ser secundario cuando se toma en cuenta que al parecer una de las razones para no aplicar las pruebas detectoras del coronavirus es ahorrarse su costo.
México es ejemplo de austeridad mundial, por no decir mórbida tacañería, al estar en los últimos lugares de los países en que se aplica dicha prueba.
Los funcionarios de nivel medio y alto sufrirán una reducción del 25% de sus salarios y pretenden dejarlos sin aguinaldo, lo cual es a todas luces ilegal. En contraste, algunos directivos públicos están ganando amparos para poder seguir percibiendo sueldos mayores al presidencial.
La austeridad republicana que tiende a la medianía es saludable y necesaria en las democracias, pero no lo es arriesgarse a padecer la pobreza franciscana para seguir sosteniendo a la quebrada Pemex y los megaproyectos presidenciales multimillonarios como el trenecito Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.
Además de los millones de mexicanos afectados por los programas recortados, serán perjudicadas las empresas pequeñas y medianas que proveían de materiales y suministros a las dependencias oficiales.
En tiempos de recesión económica lo menos saludable es la austeridad en el gasto público, de acuerdo con los especialistas, pues lo más urgente es reactivar cuanto antes la decaída economía nacional y mundial, para lo cual se requiere aumentar y no disminuir el gasto público.
Por lo pronto la austeridad republicana se está llevando a sus límites por parte de la presidencia y Hacienda con estos recortes y la pretendida desaparición de fondos y fideicomisos. Esperemos que cuando menos no tengamos que llegar a transitar de la pobreza franciscana a la pobreza “calcutiana”, como lo predijera en su momento el jefe de la oficina presidencial Alfonso Romo.
