México, en los últimos lugares en ataque a la corrupción
Negro panorama en la economía, pandemia y seguridad
¡Estamos ante el espectáculo del gran circo mediático!
Mientras los grupos políticos de nuestro país han incrementado sus ataques a través de los llamados “videoescándalos” de corrupción en vísperas de las elecciones constitucionales, la economía mexicana se encuentra por los suelos; se ha fallado en la estrategia contra la pandemia y la inseguridad no tiene freno.
El combate a la corrupción y la impunidad es una obligación de los gobernantes. Nuestro país tiene sus propias leyes e instituciones para castigar a funcionarios y ciudadanos que atenten contra el erario público.
Las elecciones del año 2021 se encuentran a la vuelta de la esquina, seguramente las más complejas y caras de la historia moderna en México, pues se renueva el Congreso de la Unión, 15 gubernaturas (se incluye Chihuahua), 30 congresos de los estados y cerca de cuatro mil cargos populares. El gasto casi llega a los 8 mil millones de pesos.
Aunque la investigadora y periodista María Amparo Casar (“Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”), estima que, en promedio, por cada peso que un candidato a gobernador declara y que la autoridad observa, hay 15 pesos más que se mueven en la opacidad.
La próxima elección será la evaluación de los mexicanos al trabajo de Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia de la República.
Los golpes mediáticos empezaron con los videos de exfuncionarios panistas del Senado de la República, recibiendo fajos de dinero supuestamente para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pero rápido se responde al ataque, con la presentación de dos videos que difundió el periodista Carlos Loret de Mola, donde Pío López Obrador, hermano del presidente, recibe paquetes de dinero aparentemente para apoyar campañas políticas.
Y como era de esperarse, todas las personas que aparecen en las imágenes se han deslindado, es más, hasta el PAN y el PRD interpusieron denuncias por difamación y posibles delitos electorales.
Pero rápido responde AMLO al doblar su apuesta, como en las cartas, y anuncia en su “mañanera” de Palacio un proceso para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña.
Habló de una consulta ciudadana, organizada por el Instituto Nacional Electoral a solicitud formal del presidente de la República a los legisladores. Y que dicho proceso lo validará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dos órganos autónomos que podrían verse inmersos en el golpeteo político.
No es nada nuevo los desencuentros políticos de López Obrador con los exmandatarios, sobre todo con Calderón Hinojosa, ambos se critican fuertemente en la prensa y en sus redes sociales.
A últimas fechas, con el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex (que pasó de acusado a acusador), las descalificaciones han ido en aumento, al grado de acusarse entre sí de las peores crisis económicas, de violencia y corrupción que ha tenido el país.
Los expresidentes son, para algunos sectores de la sociedad, los villanos favoritos, por lo que llevarlos al paredón redituaría grandes dividendos políticos al grupo en el poder. Estamos ante un gran espectáculo del circo mediático.
Es como hacer una encuesta ciudadana para saber si estamos de acuerdo en suspender el pago de impuestos. Usted ya conoce la respuesta.
Dicha estrategia política es muy común de la clase gobernante cuando aparecen las crisis económicas y de seguridad, principalmente. Por ejemplo en 1982, José López Portillo culpó del caos económico a los empresarios y estatizó los bancos.
En 1995, ante el asesinato de Luis Donaldo Colosio, del levantamiento armado del Ejército Zapatista, del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y el “error económico de diciembre de 1994, del entonces presidente Ernesto Zedillo, buscó “culpables” y enfocó su ataque al “odiado” Carlos Salinas. Se detiene al hermano Raúl acusado de estar involucrado en la muerte de su cuñado José Francisco y amasar una gran fortuna producto de actos ilegales.
Zedillo nombró como fiscal especial a Pablo Chapa Bezanilla, quien a través de una bruja conocida como “la Paca”, llegaría a los culpables. Total distracción a los problemas.
Hoy, el actual gobierno, utiliza a Emilio Lozoya, un delincuente confeso, para inculpar a unos 74 exfuncionarios y varios exlegisladores.
Es importante recalcar que los casos de Emilio Lozoya y el de Pío López Obrador son la prueba de fuego para el gobierno federal, pasar del discurso (retórica) a la aplicación de la ley.
Negro panorama en la economía, pandemia y seguridad
Mientras los grupos políticos que se disputarán el poder en el 2021 se acusan quién es el más corrupto, no hay que olvidar otros graves problemas como el desplome de la economía en un 18.7% en el segundo trimestre de este año y los 11.2 millones de mexicanos que cayeron en el subempleo, según el Inegi.
La empresa financiera Signum Research pronostica para finales del 2020 una contracción del Producto Interno Bruto del 12% y el Citibanamex vaticina un descenso del 11%.
En cuanto a la estrategia contra la pandemia, los resultados son negativos. Con más de 600 mil contagios ocupamos el séptimo lugar mundial y con 62 mil muertes estamos en el tercer lugar, sólo debajo de Estados Unidos y Brasil.
En violencia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza 56 mil 603 homicidios del mes de diciembre 2018 a junio 2020. En el 2019 hubo un total de 35 mil 629 muertes, fue el más violento del que se tenga registro.
En la Encuesta Nacional de Victimización 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que se cometen 28.3 delitos por cada 100 mil habitantes, con un 97% de impunidad. El 78.9% de la población se siente insegura en su entidad.
En los últimos lugares en ataque a la corrupción: Transparencia Internacional
De acuerdo a Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), y ocupa la posición 130 de 180 países evaluados.
Entre 2018 y 2019 recuperó un punto, pero para regresar a los niveles de 2014, se tendría que mejorar seis puntos más, sin embargo, sigue siendo el peor país evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la posición 36 de 36 países miembros.
Respecto al Continente Americano, México se encuentra por debajo de Brasil (35 puntos), y El Salvador (34 puntos). En las mejores posiciones están: Canadá (77 puntos), Uruguay (71 puntos) y Estados Unidos (69 puntos). El peor es Venezuela.
En el Grupo de los 20 (G20), que incluye a países industrializados y economías emergentes, el nuestro sigue casi al final de la tabla y sólo un punto arriba de Rusia.
Para revertir la tendencia negativa en materia de corrupción, Transparencia recomienda consolidar el Sistema Anticorrupción; fiel cumplimiento en la publicación de las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios y asegurar una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, con controles democráticos efectivos para evitar su uso selectivo o político. Y aplicar la ley como es debido.
Además es urgente poner en marcha un amplio programa de recuperación económica, salud y seguridad, sustentado en una verdadera política de concertación y unidad de todos los mexicanos.
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