En otros términos decíamos la semana pasada que los resultados electorales de julio otorgaron a los candidatos del partido Morena tal legitimidad que se consideraron con derecho a empezar a ejercer el poder desde ese mismo momento.
Sin embargo, agregábamos que en los días posteriores y dado el choque con la realidad, tanto López obrador como los integrantes de su equipo empezaron a realizar ajustes a las promesas de campaña.
De las recientes ha sido no retirar a las fuerzas armadas del combate a la delincuencia; ajustar a tres años el plazo para bajar el precio de la gasolina; y su acercamiento con el sector privado, entre otras.
López Obrador ha sido persistente en cancelar la Reforma Educativa y la construcción del nuevo aeropuerto. Aunque para avalar su posición ha propuesto realizar una consulta popular en cada caso.
Y si bien fue el tema de nuestra anterior colaboración, queremos precisar algunos aspectos y referirnos a otros, por ejemplo: Si se quiere que tenga carácter vinculatorio debe sujetarse a lo prescrito por Ley Federal de Consulta Popular, vigente desde el 17 de enero de 2014.
Por supuesto, “hay quien piensa que sí hay que hacerla porque cree en la democracia participativa (plebiscitaria, directa), así sea con temas que el gran público desconoce y quizá no comprende a cabalidad”.
También los hay quienes apoyan la consulta porque así lo determina AMLO, y respaldan todo lo que diga y haga, sea lo que sea, se contradiga o no (tiene millones de devotos incondicionales).
“Y en la instalación de la 64 Legislatura los diputados expresaron su verdadero sentir al gritar: ‘¡Es un honor estar con Obrador!’, están allí para servir a los proyectos de un solo hombre, y no a los intereses de sus representados”.
Hay quienes proponen que si se va a realizar una consulta sobre una obra que lleva un 30% de avance, ¿por qué no se consulta también sobre aquellas que están por realizarse y que son de gran trascendencia nacional (refinerías, trenes, mudanza administrativa, etc.)? Los nuevos proyectos gubernamentales que también deberán consultarse.
En el caso de la Reforma Educativa, dado su carácter constitucional y de política de Estado que posee, y cuando apenas se está implementando, resulta prematuro abolirla, sin previos análisis de sus fallas, resultados y efectos, así como sin haber propuesto el modelo que la reemplace.
“¿O qué? Se pregunta: ‘¿No está bien que más de 200 mil maestros hayan obtenido un puesto a través de un examen en lugar de que les fuera otorgado arbitrariamente por ser parientes de algún dirigente sindical o, peor aún, vendido?’”.
“¿No hubieran debido ser recuperadas 40 mil plazas docentes ocupadas por ‘aviadores’ y que le costaban cinco mil millones de pesos al año a la nación mexicana?”.
“¿No fue una gran cosa que 100 mil profesores participaran en la elaboración de nuevos planes educativos?”.
“¿Hay que echar abajo todo esto para volver a las prácticas de antaño, es decir, para que los dineros presupuestados por el Estado para la educación sean manejados por líderes de organizaciones desaforadamente mafiosas?” (Román Revueltas Retes. Milenio 02.09.2018).
