A unos días de las elecciones del 2 de junio, cabe reflexionar sobre la democracia que tenemos y la que queremos en México, no sólo sobre las formas y resultados de la contienda. Para la mayoría de la población y analistas, democracia es elecciones periódicas, libres, con partidos contendiendo y alternando en el poder.
En cuanto a ser periódicas, México lleva 200 años celebrando elecciones con notable regularidad desde que declaró su independencia en 1824; 45 han sido para Presidencia de la República, 64 para diputaciones y 28 para senadurías del Poder Legislativo federal; otras numerosas para autoridades estatales y municipales.
En cuanto a ser elecciones libres y competidas, la mayoría lo han sido conforme a la evolución política del país, como lo demuestra la alternancia entre corrientes políticas: conservadores, liberales, progresistas, monárquicos, constitucionalistas, etc., salvo de 1940 a 1997 cuando un partido ganó las 10 elecciones federales y todas las locales.
En cuanto a la calidad de las elecciones medida por participación electoral, México sale reprobado: en 21 elecciones federales de 1964 a 2021, la participación electoral ha sido inferior a 70%, salvo en las presidenciales de 1982 y 1994 (74% y 77%); la presidencial de 1988 tuvo un pobre 49.4% de participación; 4 elecciones legislativas federales registraron menos de 50%.
Yendo más allá de las elecciones para calificar el carácter democrático de un régimen político, retomo tres enunciados: el primero de John Locke, teórico de la revolución inglesa (1642…): “libertad, igualdad ante la ley y limitación del poder”; el segundo del lema de la Revolución Francesa (1789…): “libertad, igualdad, fraternidad”; el tercero, del discurso de Abraham Lincoln en Gettysbug (1866): “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Las tres encierran dos ideas comunes: libertad del pueblo para decidir, e igualdad en derechos y condiciones de vida, como elementos necesarios de una democracia sustantiva.
La democracia mexicana, como la de 190 países que se declaran democracias, asume la libertad como derecho de los individuos a no ser sometidos por gobierno autoritario, y la igualdad formal de las personas ante la ley. Pero no la igualdad socioeconómica sustantiva como hecho o proceso. Esta visión de democracia igualitaria no es compartida por la mayoría de teóricos y dirigentes, para quienes la igualdad socioeconómica es tema de las políticas públicas y no de la democracia.
La sociedad mexicana - y la democracia mexicana según mi opinión - adolece de aguda desigualdad socioeconómica y política que repercute en su democracia electoral, en las decisiones públicas y en la participación ciudadana, por ser tan desigual el peso político de los diferentes estratos sociales. El peso de las opiniones y decisiones depende del poder económico y social de cada persona y grupo, de su posibilidad de postularlas, divulgarlas, defenderlas y “negociarlas”. No vale lo mismo el voto de la persona más rica que el de la persona más pobre.
Ni que agregar de la desigualdad reinante en México, a pesar de su reducción en los 4 años recientes. Afecta la vida de la mitad de la población. Un tercio vive en pobreza; la mitad no tiene seguridad social, la cuarta parte no tienen acceso a servicios de salud; otros carecen de alimentación, educación, vivienda, etc. La desigualdad está afectando nuestra democracia, debilitándola.
Lic. en Economía, Docente y miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua
purangachih@gmail.com
