“La mejor forma de no ser criticado es… no decir nada, no hacer nada, no ser nadie” (Aristóteles,Filósofo Griego 384 A. C.)
La carrera por el triunfo electoral del año próximo ya comenzó y por desgracia está afectando diversos sectores, sobre todo en el ámbito laboral, donde aquellos que persiguen la continuidad o el liderazgo en una posición política usan las herramientas a su alcance para tratar de posicionarse en lo personal, posicionar a su partido o a su grupo de trabajo eliminando lo que consideran “obstáculos a su proyecto”.
Porque no es posible que funcionarios emprendan acciones en contra de trabajadores tratando de imponer condiciones para su contratación, promoción o permanencia en el empleo con base en su afiliación e ideología política bajo la amenaza coactiva del daño.
Los proyectos de trabajo desde el ámbito del poder público deben ser para todos los ciudadanos, sin restricciones de ninguna índole y mucho menos aprovechando las posiciones de poder para fortalecer un proyecto determinado cuando la sociedad está conformada por variados puntos de vista desde las diferentes instancias políticas que persiguen los triunfos electorales y la discriminación por ideología refleja lo que un funcionario puede hacer enajenado por la continuidad en el poder, además de la violación flagrante a la Constitución, los derechos humanos, El Pacto de San José y el Convenio 111 de la OrganizaciónInternacional del Trabajo.
Tan malo es el uso de estas prácticas como el aprovecharse de los programas de apoyo social instrumentados desde el propio Gobierno para fortalecerse políticamente usando la necesidad del pueblo como un instrumento para ello.
La libertad ideológica con lleva actos de carácter verbal y práctico como el derecho de asociación y reunión, la libertad de expresión y la libertad de enseñanza, los cuales pueden chocar en un momento determinado, con la reglamentación de una empresa o patrón, pero es importante considerar que, en una democracia, el Gobierno no está sobre los ciudadanos cuando de lo que se trata es del derecho a expresar una opinión desfavorable. El derecho a la crítica en contra del Gobierno (sin distinción)es un incuestionable derecho fundamental e implícito en aquellas normas que reconocen la libertad de expresión.
La aceptación de la crítica, el respeto a la libre expresión de las ideas y del derecho a expresarlo que cada quien piensa libremente, así como el irrestricto respeto a la legalidad, son los elementos que deben pesar en el comportamiento de un gobernante o funcionario público y contrario a lo que se dice, éste no tiene derecho a la réplica, tiene la obligación de rendirse ante la transparencia, la información y la rendición de cuentas.
No es un cargo, es un encargo, y de corto periodo.
