La política energética del Gobierno Federal se suma a las otras erróneas decisiones en materia económica, como la también errada austeridad, para marcar un preocupante e incierto futuro del país ahora bajo el flagelo de la pandémica Covid-19.
La Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial un nuevo acuerdo por el que el Cenace aplicará lineamientos distintos a los aprobados en el sexenio pasado. Así este organismo podrá limitar las energías renovables a cargo de empresas privadas para dar prioridad a la electricidad producida por las plantas de la CFE.
Para motivar la inversión extranjera en grandes generadoras de energías no renovables se había estipulado que la empresa estatal privilegiaría la energía más limpia y barata. Según algunos especialistas el producto de las empresas privadas es siete menos caro que el de las viejas plantas de la CFE, además de más limpias.
La cúpula empresarial (CCE) advirtió que recurriría a todos los medios jurídicos para evitar la nueva medida de la Sener, pues la considera ilegal y atentatoria de la inversión privada.
Una avalancha de amparos en contra de la Sener fue presentada en los juzgados, además de la protesta de representantes de países europeos y Canadá, de donde provienen la mayoría de las empresas extranjeras fotovoltaicas y eólicas que están invirtiendo en 18 estados del territorio nacional.
La intencionalidad gubernamental oficial es garantizar el abasto de la energía eléctrica producida por la CFE, aunque para ello tengan que hacer a un lado las energías limpias para optar por las fósiles producidas por Pemex.
La quebrada empresa petrolera estatal surte de combustóleo a plantas eléctricas de la CFE, aunque este producto está proscrito internacionalmente desde hace tiempo por su alto contenido de dióxido de azufre. Un ejemplo de ello es la contaminación producida por la refinería de Tula en el Valle de México, pues por los vientos sus emanaciones llegan hasta la Ciudad de México.
El alegato oficial es perseverar la autonomía energética del país, lo que en principio no está mal, salvo que la forma de hacerlo es a todas luces errónea y más costosa no sólo en lo económico sino también lesiva para la salud de los mexicanos.
La tendencia global, determinada en el acuerdo de París, establece la reducción del uso de energías contaminantes, sobre todo de fósiles, para irlas supliendo por energías limpias y renovables.
México se comprometió a intentar llevar a cabo esta medida, por lo que en el sexenio pasado, además de las acostumbradas corruptelas, se llevó a cabo una política energética en ese sentido y se acordó la instalación de plantas de energías renovables con una inversión de unos 30 mil millones de dólares (según el CCE), lo cual ahora está en peligro de cancelarse.
La prioridad de todo Gobierno, desde luego que también del mexicano, es promover e impulsar energías renovables y sustituir las contaminantes para disminuir el calentamiento global, la gran amenaza futura. No hacerlo y priorizar las energías fósiles es intentar retroceder en la historia e ir en contra del más elemental sentido común.
