Por: Mario Mata Carrasco
La reciente declaración del ministro Arturo Zaldívar, por la cual aclaró que concluirá su término al frente de la Suprema Corte sin prórroga, no es un pronunciamiento jurídico sino un posicionamiento político personal. Su silencio de más de tres meses desde que fue promulgada la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación puso indebida e innecesariamente en riesgo la independencia del Poder Judicial Federal.
La inconstitucionalidad del intento para prorrogar el período de la presidencia del máximo tribunal de México dio lugar al pronunciamiento de magistrados y jueces federales inconformes con su actitud e inequívocamente opuestos a la nueva Ley del Poder Judicial Federal. El caso es grave, porque mediante un artículo transitorio (el 13) de esta nueva Ley, se atenta directamente contra el principio de la supremacía constitucional consagrada en el artículo 133. Esto significa que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución ni contravenirla.
Me enorgullece haber presentado la primera demanda de amparo, como ciudadano, para defender la Constitución, a menos de 30 días después de haber sido promulgada la “Ley Zaldívar”, la interpuse por mi propio derecho, impugnándola por inconstitucional, la cual fue admitida y se encuentra en trámite ante el Juzgado XI de Distrito, bajo el número de expediente 938/21 de junio de este año.
Otro peligro es que el Presidente de la República parece tener un propósito directo en esto, el cual coincide con la llamada Ley Bonilla, que es prorrogar periodos de mandato sin incurrir en la abierta reelección, que niega buscar reiteradamente, al asegurar que es maderista y contrario a la reelección, pero, le gustan las prórrogas…
La violación a la supremacía de nuestra Constitución federal continúa, mientras no se haya dictado la sentencia constitucional, que nos ampare y proteja contra los actos autoritarios que dieron lugar a la Ley Zaldívar.
El Presidente López ha declarado recientemente que, en su personal opinión, deben renunciar todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su violación equivale a que el magistrado presidente del Tribunal Electoral declarase públicamente que en su opinión debería renunciar el Presidente López y todo su gabinete.
Los ataques del Ejecutivo federal contra el Poder Judicial y los organismos autónomos persistirán, a menos que ejerzamos nuestros derechos y cumplamos nuestro deber patriótico de impedirlo, ejerciendo las acciones legales necesarias en defensa de nuestros derechos humanos que están en la Constitución, además si permitimos que una ley secundaria prevalezca por encima de la Constitución Federal, Morena podrá hacer la voluntad del caudillo presidencial, sin necesidad de tener la mayoría calificada, la cual no alcanzó el 6 de junio pasado.
No debemos permitir que ni el Presidente de la República ni nadie mande al carajo las instituciones que hemos construido con el esfuerzo de muchísimos años.
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